XIV Congreso de Sociología de ACAS en Chiriquí

Centroamérica se encuentra en un período de aparente paz interna. La insurrección armada ha sido sustituida por la lucha partidista. Los partidos ‘frentistas’ del siglo XX están en el poder en dos países. A pesar de ello, no ha disminuido la violencia producto de la pobreza y la desigualdad. A su vez, la presencia militar de EEUU se siente en todo el Istmo. Hay indicios que las viejas oligarquías han aprendido a negociar con las clases subalternas.

En este marco, la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), en David, será anfitrión del XIV Congreso Centroamericano de Sociología. El evento se inaugurará el próximo lunes, 22 de septiembre, y sus debates se extenderán durante toda la semana. Un total de 160 ponencias serán objeto de discusión en cerca de 50 mesas. Los temas girarán en torno a las cuestiones más sensibles. La cuestión que define la guerra y la paz, la pobreza y la desigualdad, la cuestión indígena y la creciente presencia de la mujer en todos los aspectos de la vida política de la región.

El comité organizador propuso como tema central del Congreso “Los desafíos de la sociología en Centroamérica”. El presidente del comité, el doctor Mario L. Pitty, señaló que “Centro América, igual que otras regiones del continente, continúa sumergida en situaciones históricas que les impide salir de las condiciones de pobreza y de subdesarrollo. En las últimas décadas se han presentado nuevos acontecimientos que tienden a perpetuar las condiciones de pobreza de un porcentaje considerable de la población centroamericana.

“Ante esta situación es necesario que los sociólogos vuelvan a reunirse con el propósito de reflexionar, discutir y de proponer alternativas que contribuyan a la solución de los problemas sociales en la región”.

La convocatoria conjunta de la Asociación Centroamericana de Sociología (ACAS), la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) y el Departamento de Sociología de la UNACHI, ha tenido un éxito que supera las expectativas. Unos 400 delegados de Panamá, Centroamérica y otras regiones se reunirán en David, capital de la provincia de Chiriquí.

En el Congreso el suscrito presentará dos ponencias. Una que lleva como título ‘Las drogas ilícitas y los negocios’, que propone como solución al flagelo cortar en su raíz la relación entre el narcotráfico controlado por el crimen organizado y los grandes centros financieros a escala global.

La otra ponencia, se referirá a lo que algunos llaman la ‘tercer guerra mundial fragmentada’ que ha puesto el mundo nuevamente sobre un precipicio que anuncia la destrucción del mundo tal como lo conocemos. Mientras que en Ucrania, EEUU intenta encerrar y someter a Rusia, el Estado de Israel continúa su guerra contra los palestinos y no muy lejos el nuevo Estado islamita avanza con financiamiento saudita y armas norteamericanas.

En el último lustro las diferentes ideas en torno a la constitución de un mundo multipolar se esfumaron. La única posibilidad de que surja un polo capaz de enfrentar a la hegemonía norteamericana se presenta en la emergencia de China como potencia económica. EEUU es consciente de esa perspectiva que se agiganta con cada año que pasa.

Frente a Rusia, EEUU tiene la alternativa de tratar de destruir la federación (la tesis de Brzizinski) o de sumarla como aliada en un frente contra China (Kissinger). China tiene como opciones, absorber la debilitada economía de EEUU en un BRICS ampliado o enfrentar un escenario de guerra inaceptable para una potencia en ascenso.

Los especialistas militares norteamericanos han girado su política bélica hacia el Pacífico para rodear a China con un cerco económico. La amenaza más importante percibida por EEUU es una alianza entre China y la Federación Rusa. Es en torno a este eje que podrían sumarse otros países como los BRICS, partes de América latina e, incluso, Europa.

EEUU aún tiene una clara ventaja militar. Es económicamente el país más poderoso y tiene una capacidad ideológica superior a cualquier otro país del mundo. La crisis de hegemonía es una tendencia que puede continuar como puede ser frenada. Un ‘polo’ centrado en el eje chino-ruso puede competir con Washington en el campo económico y cultural. El problema es el militar. EEUU tiene la última carta en la mano: la guerra.

El XIV Congreso de ACAS promete que los debates llevarán a los ponentes a tratar los problemas más álgidos tanto a escala global como regional.

18 de septiembre de 2014.

Análisis crítico del problema de las drogas

El problema de las drogas en todas sus manifestaciones tiende a agudizarse en Panamá, a pesar de las enormes inversiones realizadas para combatirlo. El número de adictos aumenta, los esfuerzos por educar a la población están estancados, hay cada vez más violencia e incautaciones de drogas y el lavado de dinero crece en nuestro centro bancario.
Esta situación genera preocupación en torno a la seguridad ciudadana. Las asociaciones cívicas, los gremios, los sindicatos, los centros comunitarios y, sobre todo, la familia son los más afectados. La violencia y la criminalidad son los problemas que más preocupan a los panameños. En el centro de esta situación se ubica el problema de las drogas.
Para tratar este tema la Comisión Nacional para la Prevención de las Drogas (CONAPRED) convocó a su segundo taller que tiene como objetivo presentar la situación que prevalece en Panamá. En ese marco, el Observatorio sobre las Drogas de la Universidad de Panamá presentará hoy un análisis crítico del problema.
Todos los panameños estamos familiarizados con el problema de las drogas por medio de una o más experiencias personales. Entre nuestros conocidos, amigos e, incluso, algún familiar, hay quienes han caído presos de la adicción. El tratamiento de esta enfermedad es difícil, doloroso y muy costoso. El Ministerio de Salud aún no ha podido establecer un programa de tratamiento para las personas que sufren de la enfermedad. El único programa que tenía fue cerrado hace poco.
La drogadicción no es una enfermedad nueva. En Panamá el problema tiende a crecer y se plantean diferentes estrategias para combatir el flagelo. Entre las políticas más mencionadas para mitigar el problema clínico de las drogas es la educación. Sin embargo, la inversión en los programas de educación es muy pequeña. El Observatorio sobre las Drogas de la Universidad de Panamá es testigo de una presencia mínima de las distintas instancias del sector Educación en lo relacionado con este problema. Sólo el 5 por ciento del presupuesto global del gobierno nacional destinado a combatir el flagelo de la droga es destinado al sector Educación.
Los programas de represión de todas las formas asociadas a la producción, consumo y distribución de las drogas ilícitas han logrado atraer la atención de los gobiernos y de los sectores financieros. En el caso de Panamá, el 90 por ciento de los recursos destinados a combatir el flagelo de las drogas es dirigido a la represión.
Según informaciones que proporcionan los medios de comunicación, las fuerzas armadas panameñas y sus aparatos de inteligencia han creado equipos sofisticados para detectar los movimientos de los traficantes de drogas ilícitas en el país. En 2013 Panamá tuvo un presupuesto de seguridad nacional de 975 millones de dólares (6 por ciento del presupuesto nacional).
Panamá es acusada por EEUU y otros países de ser una plaza especializada en el lavado de dinero que circula por las redes financieras internacionales en forma ilegal. A menudo amenaza con tomar medidas punitivas contra el sector bancario panameño por lo que considera prácticas ilegales.
Según las agencias norteamericanas que investigan estas irregularidades, el lavado de dinero está asociado con las actividades de bienes raíces y la construcción, los establecimientos de juegos de azar y el tráfico de drogas. Calculan que en 2012, el sistema financiero panameño lavó más de 2 mil millones de dólares. El gobierno norteamericano se está moviendo hacia la regulación de las drogas que hoy se consideran ilegales, comenzando con la marihuana. El Procurador General de ese país dio los primeros pasos para comenzar a des-criminalizar todo lo relacionado con el consumo de drogas.
Es probable que más temprano que tarde en Panamá se seguirá por el mismo camino. Muchas de las drogas que hoy se consideran ilícitas serán compradas con recetas en las farmacias, reduciendo los niveles de represión existentes actualmente, controlando mejor la distribución y poniendo fin al crimen organizado y reduciendo la población penitenciaria.
Hay que seguir analizando el problema de las drogas y los estragos que está generando tanto a nivel de la seguridad nacional como también en el contexto de la seguridad ciudadana. Hay indicios de que hay confusión entre la protección de las fronteras y la represión de la población. ¿Dónde están los límites? ¿Cómo asegurar que estas políticas se complementen y no se estrellan haciendo imposible definir una política coherente en beneficio del país?
11 de septiembre de 2014.

Los ‘buitres’ comenzaron en Panamá

Los operadores financieros que se autodenomina ‘buitres’, con sede en la ciudad de Nueva York, tienen años de estar aleteando sobre los ahorros de los trabajadores argentinos. Pretenden arrancarle al gobierno de este país 3 mil millones de dólares por una deuda que compraron por sólo 48 millones de dólares en 2001. La historia de los ‘buitres’ de la Gran Manzana se inició en 1996 cuando, por primera vez en la historia, un tribunal local norteamericano aceptó una demanda contra un gobierno soberano. El caso se refería a Panamá.
Según la socióloga Saskia Sassen, quien escribe en la revista Foreign Policy (3 de agosto de 2014), las operaciones financieras que realizan los ‘buitres’ son “una perversión de la ley internacional”. Se realizan bajo la mirada complaciente de las autoridades fiscales de EEUU.
El caso de Panamá se inició en octubre de 1995, cuando la empresa “Elliott Associates L.P.” compró un segmento de la deuda panameña valorada en US$28.7 millones por sólo US$17.5 millones. Los grandes bancos titulares del monto creían que la deuda panameña era impagable. Entre los bancos se encontraban el Citi y el Credit Suisse que le vendieron el paquete a Elliot.
Cuando el gobierno del entonces presidente Pérez Balladares convocó a los bancos dueños de la deuda panameña en 1995 para buscar un arreglo o reestructuración todos aceptaron, menos Elliot. En julio de 1996, el operador buitre Elliot interpuso una demanda en una corte de la ciudad de Nueva York contra la República de Panamá por el pago de los US$28.7 millones más intereses y costos. El caso llegó a la Corte Suprema del Estado de Nueva York donde la demanda del ‘buitre’ fue aceptada. Panamá tuvo que pagar más de US$57 millones y otros 14 millones de dólares que fueron repartidos a otros interesados.
El caso de Elliot contra Panamá creó nueva jurisprudencia al permitirle a un particular anteponer en tribunales de un país demandas contra Estados (supuestamente) soberanos.
La acción que contó con el beneplácito de jueces locales rompió con una tradición que se remontaba a la creación de los Estados-naciones en el siglo XVII. La táctica utilizada contra Panamá, según Saslia Sassan, no atrajo mucha atención en los medios especializados de la época. Sin embargo, en Wall Street los ‘buitres’ de todos los colores y tamaños comenzaron a hacer planes. De una vez apuntaron hacia la deuda de países tan distantes como Ecuador y Rusia.
La decisión tomada en 1996 ha creado una nueva tendencia hacia el trato de las deudas que contraen países pobres con unas elites insaciables. Entre el final de la segunda guerra mundial (1945) y fines del siglo pasado, instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Club de París mantenían un cierto control financiero en las transacciones internacionales. Este arreglo tenía ventajas políticas ya que sometía a los países dependientes a las agencias de los países más poderosos (por ejemplo, EEUU).
Los grandes bancos que operan a escala global tienen los recursos para demandar a los países endeudados más débiles. No lo hacían porque no respondía a las reglas del juego político. Además, se sentían cómodos dejando que los gobiernos de los países más poderosos y sus agencias (FMI, Banco Mundial y otros) negociaran por ellos.
La socióloga Sassen señala que cuando Panamá fue obligada a aceptar los términos del ‘buitre’ Elliot, debió haber habido un debate sobre el significado de las nuevas reglas. “Desde el punto de vista técnico, los fondos de un (país) soberano son propiedad de su ciudadanía”. Lo que ocurre es que los ahorros de un pueblo son entregados a un operador financiero que se especializa en especular en el mercado. La irresponsabilidad de la elite insaciable es cosechada por un grupo de activistas de dudosa reputación.
La operación inaugurada en 1996 por Elliot en Panamá ahora la está aplicando en Argentina. En este último caso, el monto es mucho más sustancial. El valor de la deuda original de Argentina que compró Elliot en 2001 tenía un valor de US$48 millones. En la actualidad, en papel vale US$630 millones. Sin embargo, el ‘buitre’ demanda US$1.5 mil millones. Sumando intereses y otros costos, Argentina pagaría US$3 mil millones.
El gobierno argentino presentó el caso en la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Este paso sacaría las decisiones de las manos de unos jueces locales de la ciudad de Nueva York.
4 de septiembre de 2014.

Los casinos y el crimen organizado

La industria de los juegos del azar – especialmente los casinos – se ha asociado históricamente al crimen organizado, a la violencia y a la corrupción. En el caso de Panamá, en el siglo XXI esta percepción no se ha superado. La industria fue analizada recientemente en el “XVIII Congreso Hemisférico para el lavado de dinero y el combate al financiamiento del terrorismo” realizado en la ciudad de Panamá. Para el crimen organizado, la reunión fue mal vista porque sus actividades fueron objeto de declaraciones públicas. Igualmente, para las autoridades nacionales del hemisferio, su complicidad con la industria del vicio fue expuesta.
El presidente del comité organizador del Congreso sobre ‘el lavado y el terrorismo’, Julio Aguirre, aseguró que “los casinos son una actividad comercial normal con sus características y sus vulnerabilidades y se están regulando”. En esta declaración descansa la desconfianza en los banqueros que protegen actividades económicas relacionadas con el crimen organizado. En primer lugar, la operación de casinos no es una actividad “normal”. Al contrario, el Congreso reconoció que el método de pago en efectivo, le abre las puertas a las organizaciones criminales que buscan insertar el dinero mal habido en el sistema financiero.
En segundo lugar, las declaraciones de Aguirre descubren el hecho que en Panamá (y quizás en otros países como EEUU) los casinos no están debidamente regulados y se prestan para las actividades criminales. Recomendó que se tomaran medidas más estrictas para que el Estado ejerciera un control sobre los casinos. Aguirre, sin embargo, no tocó los problemas de salud pública, criminalidad o corrupción que representa la industria de los casinos.
Es lamentable la situación de Panamá. Los gobiernos nacionales (desde la invasión militar norteamericana en 1989), el sector empresarial e, incluso, organizaciones no gubernamentales realizan sus actividades en armonía con el crimen organizado. En casi 25 años la industria de los casinos ha crecido en forma exponencial. Las apuestas se multiplican cada año, el número de establecimientos de ‘juego’ crecen sin parar y las enfermedades asociadas a este vicio hacen más estragos en el tejido social de la familia panameña.
Hay varios mitos que se manejan relacionadas con los casinos. Primero, es una actividad turística. Falso. Segundo, los casinos forman parte de la ‘farándula’. Falso. Tercero, el ‘juego’ es parte de la idiosincrasia del panameño. Falso. Hay una sola realidad, según los especialistas: Los casinos son un brazo del crimen organizado.
En el caso de Panamá, todas las empresas que manejan los casinos son ilegales. La Constitución Política señala claramente que los juegos de azar son un monopolio del Estado. Sin embargo, los gobiernos han ignorado ese mandato y proceden a efectuar concesiones a empresas extranjeras para que exploten el negocio.
Panamá tiene uno de las tasas más altas de casinos del mundo. Hay una concesión por cada 50 mil habitantes. En total, el gobierno ha autorizado 66 concesiones. De este total, 18 son casinos completos. Otros 28 son establecimientos con ‘máquinas tragamonedas Tipo A”. También hay 19 agencias de apuestas. Entre las 66 concesiones hay un hipódromo y una sala de bingo. Del gran total de concesiones, hay 47 (69 por ciento) en la provincia de Panamá
La empresa Alta Cordillera cuenta con casinos ‘completos’ en 11 hoteles de tres estrellas para arriba, en la ciudad capital, Chiriquí y Colón. La norteamericana Gaming & Services de Panamá tiene 26 concesiones para máquinas tragamonedas. Privilegia áreas urbanas de bajos ingresos económicos. Incluso, tiene máquinas adaptadas para que la gente juegue con sólo una moneda de un centavo de dólar. Estos centros de vicio se colocan en barrios de familias pobres como 24 de Diciembre, Calidonia, San Miguelito y Tocumen.
El gobierno panameño ha legalizado también las apuestas en los deportes. Mientras que algunos países han prohibido esta práctica para evitar la violencia en los campos de juego, especialmente en estadios, en Panamá se estimulan las apuestas en los deportes. La mano libre de los especuladores en el boxeo y la hípica se ha extendido peligrosamente hacia los equipos de fútbol profesional y el manejo de los contratos de los jugadores, en su mayoría con edades que fluctúan entre los 16 y 22 años de edad.
La ciudadanía exige el cumplimiento de la ley y el control por parte de un ente regulador estatal de todas las actividades asociadas al juego de azar, peligrosas para la salud, la economía y la paz social del país.
28 de agosto de 2014.

La construcción del Canal de Panamá y su gente

El gobierno panameño y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) celebraron el centenario de la inauguración de la vía acuática hace pocos días. Las elites conservadoras se reunieron en una ‘gala’ donde recordaron los ‘héroes’ norteamericanos y quienes fueron sus colaboradores en los tiempos de la “Patria boba”. Se olvidaron de mencionar las luchas por recuperar la soberanía que vio correr la sangre de una juventud rebelde que sacrificó muchas vidas por la causa nacionalista.
El derroche y la corrupción se reflejaron en las celebraciones. El pueblo panameño rechazó el montaje y denunció a través de las redes virtuales el espectáculo mediático. La prensa y los demás medios de comunicación masiva se recogió y apenas publicó notas sobre los actos. Incluso, los programas de comentaristas radiales y televisivos pasaron por alto toda mención de la fiesta organizada por la elite gobernante.
El centenario merecía ser celebrado, pero en el contexto de un siglo de luchas y movilizaciones masivas para recuperar la soberanía sobre la posición geográfica del Istmo. La campaña iniciada desde la invasión militar de EEUU en 1989 de borrar la memoria histórica de los panameños continúa. A pesar de no tener un gobierno que refleja los intereses del país, el pueblo conserva su dignidad y rechaza los insultos de la elite gobernante.
Durante la construcción del Canal de Panamá, entre 1904 y 1914, la Compañía del gobierno norteamericano, encargada de la obra, contrató cerca de 100 mil trabajadores extranjeros. A su vez, a Panamá llegaron a buscar oportunidades de trabajo en las ciudades terminales, otra cantidad significativa de inmigrantes cuyo número no se ha calculado.
Cerca del 60 por ciento de los trabajadores que llegaron a las costas panameñas para integrarse a las labores del Canal eran originarios de las islas caribeñas en aquel entonces bajo mandatos francés, británico y holandés. Las autoridades norteamericanas también contrataron a cerca de 20 mil trabajadores de Europa (españoles, italianos y griegos).
En la década de 1930, EEUU desarrolló un enorme esfuerzo en torno al Canal de Panamá preparándose para intervenir en la guerra mundial que se avecinaba. Las huellas de esa inversión aún se aprecian en las bases militares que construyó entre 1936 y 1940 (Howard, Clayton, Sherman, Rodman y otras). Estas construcciones la realizaron en parte trabajadores que nuevamente fueron reclutados en las islas del Caribe. A diferencia de la construcción del Canal a principios del siglo XX, en esta ocasión fueron empleados decenas de miles de trabajadores panameños de las provincias del interior de la República.
La migración de trabajadores a Panamá para construir el Canal transformó el Istmo y, especialmente, sus ciudades terminales. La población se multiplicó varias veces en las primeras dos décadas del siglo pasado. La ciudad de Panamá que tenía un área de apenas dos kilómetros cuadrados en 1903, se expandió hacia el cerro Ancón y las sabanas, para ocupar un área de 40 kilómetros cuadrados: El Chorrillo, Calidonia, La Exposición y Bella Vista. La población de la ciudad pasó de 15 mil habitantes a 60 mil habitantes. En el caso de la ciudad de Colón, el impacto fue aún más impresionante.
EEUU ‘segregó’ un área para construir y operar la nueva vía que bautizó con el nombre de 'Zona del Canal de Panamá' (más de mil kilómetros cuadrados). En esa área, que se extendía de un extremo al otro del Istmo, vivían 60 mil personas en condiciones controladas estrictamente por las autoridades militares norteamericanas. La gran mayoría de los habitantes era norteamericana empleados por la Compañía del Canal. También había una población militar que fluctuaba según los compromisos bélicos de Washington.
EEUU veía las áreas de operación y residencial de la 'Zona del Canal' como un laboratorio para experimentar nuevas formas de vida en el trópico. En cambio los comerciantes y especuladores que gobernaban a Panamá desde 1903 buscaban afanosamente negocios para enriquecerse rapidamente. Como resultado de las políticas de segregación y de desarrollo urbano de EEUU, que contrastaban con la improvisación en las ciudades terminales, surgió una barrera social entre ambos sectores.
Por un lado, EEUU creó un sistema de remuneración para los trabajadores basado en los antecedentes étnicos. A los trabajadores norteamericanos (de ascendencia europea provenientes del sur de EEUU) se les proporcionaba salarios pagados en ‘oro’ y condiciones favorables de trabajo (que incluían vivienda e, incuso, clubes sociales). En cambio, a los trabajadores de ascendencia africana de las Antillas se les pagaba en ‘plata’ y no recibían beneficios laborales. Cuando se inauguró el Canal casi todos los antillanos vivían en las ciudades de Panamá y Colón en casonas construidas por los especuladores panameños (y extranjeros). Muy pocos trabajadores de Europa se quedaron en Panamá. Muchos regresaron a sus países de origen, otros siguieron camino hacia otros países de la región y unos pocos se quedaron en Panamá. Algunos prosperaron en el comercio local y otros, incluso, se trasladaron a las áreas rurales con el fin de emprender actividades agropecuarias.
En el caso de los antillanos, su contribución a los movimientos sociales a lo largo del siglo XX fue notable. Desde un dirigente como W.P. Stoute, un intelectual como G. Westerman o sindicalista como Luis Anderson. Debido a las políticas de segregación, muy pocos lograron escalar posiciones de influencia económica o social (política) en Panamá. Se pueden mencionar a Young y Alleyne. En el caso de los antillanos de origen europeo se destacan los Boyd y los Ford, asimismo los Motta, Del Valle y Toledano, entre otros. Entre los europeos, muchos llegaron a Panamá durante la construcción del Canal e hicieron fortuna posteriormente, como los Tagarópulos (griegos), Martinelli (italianos) y Varela (españoles).
Muchos intelectuales panameños de trayectoria destacada son descendientes también de aquellos hombres y mujeres que trabajaron en la obra y participaron, aunque marginalmente, de aquella inauguración en 1914 que incluyo una travesía por el Canal por el entonces presidente Belisario Porras.
La construcción del Canal de Panamá entre 1904 y 1914 remeció los fundamentos de la nación panameña en formación. Fue un factor clave en la constitución de la República y aún siguen vigentes los conflictos que caracterizan nuestras relaciones con EEUU. Muchos intelectuales panameños de trayectoria destacada son descendientes de quienes trabajaron en la obra. Un Ricord (de origen francés), un Laurenza (italiano), Korsi (griego), así como un Maloney y un Priestley (antillanos). Las luchas que marcaron los cien años desde la inauguración del Canal continuarán en el siglo XXI hasta que los panameños logremos darle el uso más colectivo a las riquezas que genera nuestra posición geográfica.
21 de agosto de 2014.

Panamá, Colombia y la OTAN

Las relaciones entre Panamá y Colombia son buenas, aunque existen percances de tipo histórico. Recientemente, han surgido problemas de carácter militar. Bajo la dirección de EEUU, las fuerzas del orden panameñas (militares, policía, inteligencia) se han sometido a varios acuerdos que subordinan la soberanía nacional a los intereses del país vecino.
Esto es cierto, por un lado, en lo relacionado con la frontera común que ambos países comparten en el Darién. Por el otro, en los ejercicios Panamax que realiza anualmente EEUU (sin fundamento legal) en el área del Canal. El Comando Sur de EEUU delega al Ejército de Colombia la coordinación de las maniobras terrestres que realizan las unidades militares. Es un eufemismo para decir que Panamá se somete a las órdenes de oficiales colombianos.
Esta situación se viene agravando desde fines de la década de 1990. El presidente Martín Torrijos – sin justificación alguna - fue un entusiasta promotor de la militarización de las fuerzas del orden panameñas. El presidente Martinelli aprovechó la oportunidad para comprar armas de manera irresponsable. No hay indicios de que el actual presidente Varela ejecutará una política diferente.
Pero Panamá ahora se enfrenta a otro problema que complica las relaciones con Colombia y EEUU. Colombia quiere establecer relaciones con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), la alianza militar más violenta del mundo. La OTAN es encabezada por EEUU y cuenta entre sus miembros a los países europeos más poderosos. Las dictaduras del Cono Sur a fines del siglo pasado (Argentina, Brasil y Uruguay) fueron consideradas miembros honorarias de la OTAN.
Todo indica que ahora le toca el turno a Colombia. El pasado 5 de marzo se reunieron en Bogotá el ministro colombiano de Defensa, Juan C. Pinzón, con el director de Seguridad de la OTAN, Stephen Smith, para poner en marcha un acuerdo de cooperación. El acuerdo fue rechazado en la región por considerarlo una grave traición a América Latina. El ministro de Defensa de Brasil, Celso Amorim, expresó que “respetamos la soberanía de los países pero vemos con preocupación un acercamiento de un país miembro a una alianza defensiva militar extra-regional”.
El acuerdo se parece al que no firmó el general Manuel A. Noriega de Panamá con EEUU en 1986 para convertir las Fuerzas de Defensa de Panamá en el guardián de Washington en una convulsionada América Central. En Bruselas, Colombia aceptó la propuesta de la OTAN para incrementar la cantidad de tropas en algunos países de América Central y el Caribe, según sean los intereses de la OTAN. ¿Existen tropas colombianas de este lado de la frontera? Si no hay ahora, ¿habrá tropas colombianas en el futuro próximo?
Cuando Pinzón recibió a Smith, señaló que Colombia espera obtener los más altos estándares de entrenamiento militar. Parece que el ministro Pinzón sacó las palabras del libreto del general Noriega. A Colombia le interesa operar en misiones de apoyo en un eventual escenario de posconflicto. Noriega dixit.
El Ejecutivo colombiano presentó un proyecto de ley al Congreso señalando que "esta relación en ningún caso implica o puede implicar la presencia de tropas extranjeras en territorio colombiano, ni tampoco la membrecía de Colombia en la OTAN”. Pero no impide que tropas colombianas puedan entrar en acción en Panamá u otros países. Pinzón señaló también que “en la medida en que Colombia fortalezca su cooperación con organismos multilaterales y otros países, las Fuerzas Armadas podrán elevar sus estándares técnicos y profesionales al nivel de las democracias más avanzadas del mundo y seguir desarrollando capacidades cada vez más efectivas en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado”.
Según Socorro Ramírez, de la Universidad Nacional en Bogotá, en el “tablero geopolítico regional Colombia es percibida como el más estrecho aliado de EEUU, país que comanda la OTAN”. El Tribunal Dignidad, Soberanía, Paz contra la Guerra de Colombia señala que el gobierno del país vecino cuenta con más de 700,000 hombres en armas: 400,000 en el ejército, marina y aviación, 180,000 en la policía nacional, 120,000 en lo que se conoce como labores de inteligencia y 80,000 hombres en las llamadas fuerzas irregulares. Es decir, organizaciones ligadas a las drogas ilícitas y bandas criminales que cuentan con un moderno arsenal orientado a la guerra contrainsurgente. Colombia proyecta la reconversión de su aparato militar en caso de lograr la paz con las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
14 de agosto de 2014.

Judíos y árabes pueden vivir en paz III

En la segunda parte de este artículo, concluimos que Israel es un aliado de EEUU en sus planes geopolíticos en el Medio Oriente. Los judíos del siglo XXI que viven en tierras palestinas se sienten como los migrantes europeos que poblaban a sangre y fuego el oeste norteamericano a fines del siglo XIX o los holandeses (boer) en Africa del Sur. Al igual que los ‘conquistadores’ del ‘Wild West’ (bajo la hábil dirección de Wall St. y los barones ferroviarios), las diversas corrientes que constituyeron el Estado de Israel a fines de la década de 1940 nunca plantearon un régimen de convivencia con los palestinos. Al contrario, éstos fueron expulsados a la fuerza de sus comunidades. La derechización reciente de los gobiernos israelís parece reiterar esta política utilizando aún más violencia. La idea dominante en el establishment israelí es acabar con los palestinos, su proyecto de Estado y ocupar la totalidad de sus tierras.
El problema con esta política es que para hacerla viable, Israel tendría que trazar un objetivo estratégico de ocupación de la totalidad de la región árabe (desde Marruecos hasta Irak). EEUU no contempla esa variable y, sin su aliada, Israel debe mantenerse dentro de Palestina. Washington, a su vez, está obligada a seguir armando al Estado de Israel.
Los altos mandos de EEUU no contemplan un Estado de Israel conquistando el mundo árabe. Para Washington, Israel es su ‘portaviones’, anclado en el Medio Oriente. Israel ha convertido en protectorados a Jordania, al Kurdistán y al nuevo ‘califato’ de Irak. Es aliado de Arabia Saudita y Egipto. Mantiene, a pesar de sus errores, relaciones con Turquía. Si Israel se encuentra en un vecindario rodeado de tantos supuestos ‘amigos’, ¿por qué no puede resolver sus problemas con los palestinos? ¿Por qué insiste en construir murallas en Cisjordania y masacrar sistemáticamente a la población de la Franja de Gaza?
La respuesta a estas preguntas creo que descansa en tres factores. 1. El estado de guerra permanente en que se encuentra Israel tiene que identificar un enemigo. Ese enemigo es la Autoridad Palestina y el Partido Hamas. Los perseguirán, los masacrarán, pero no pueden acabar con ellos. No hay ‘solución final’. 2. Aún más importante, Israel no tiene verdaderos ‘amigos’ en el Medio Oriente, a pesar de las simulaciones de sus vecinos. Arabia Saudita es enemiga de Egipto y el país del Nilo no tiene buenas relaciones con Turquía. El Califato (una mezcla de sunni, baath y otros grupos), los shii en Bagdad, Assad en Damasco y los kurdos se muerden las colas, instigados por Israel. Finalmente, los emiratos árabes, Kuwait y los otros antros que mantiene EEUU en el Golfo Pérsico pagarían igualmente a sus mercenarios para invadir a Israel como hoy subvencionan al emir Bagdadi en Mosul. Por último, 3. EEUU puede cambiar de aliado en el Medio Oriente tan rápido como cuando decidió abandonar sus jeques árabes y optó por Israel. Una situación como ésta no se ve en el horizonte. Sin embargo, Israel no la descarta. Por algo sus relaciones con China son muy buenas. Con Rusia quizás nunca han estado mejores. Alemania y sus aliados no quieren caer nuevamente en una trampa como la montada por EEUU recientemente en Ucrania.
¿Hasta cuándo seguirá la masacre en la Franja de Gaza y los asesinatos en los territorios ocupados?
Para esta pregunta también hay tres respuestas: 1. Los palestinos seguirán siendo castigados sin piedad mientras que el desarrollo del capitalismo sea dependiente del petróleo que sale de las entrañas de los desiertos del Medio Oriente. Cuando el petróleo se convierta nuevamente en una mercancía de poco valor, los ejércitos ocupantes se retirarán, las guerras se acabarán y los árabes regresarán a ser productores eficientes como lo fueron entre los siglos VII y XVIII. 2. Mientras que los árabes no recuperen su capacidad de organizar un Estado soberano y promuevan un proyecto de Nación, basado en sus propios intereses, los palestinos no se liberarán del yugo israelí. ¿Tendrán que esperar que el sistema capitalista mundial cambie de fuente de energía? y 3. El sufrimiento terminará cuando el Estado de Israel termine disolviéndose y su población judía se integre a esa futura nación árabe. Por más de mil años, judíos y árabes convivieron pacíficamente en los califatos de Córdoba y Damasco, juntos con otros pueblos.
Ambos pueblos pueden vivir en paz.
7 de agosto de 2014.