Falta menos de una semana para que asuma las riendas del gobierno el presidente electo Juan C. Varela. El entusiasmo que causó el triunfo de Varela entre los sectores más acomodados del país – ante la derrota del presidente saliente Ricardo Martinelli - se ha ido borrando a pesar de que aún no se ha dado el cambio de mando. Varela no ha dado muestras de que la limpieza prometida está en camino de realizarse. Más bien, se ha rodeado de figuras asociadas de una u otra manera al mismo equipo de Martinelli.
Por otro lado, Varela no ha avanzado con relación a su promesa de aplicar políticas tendientes a ‘controlar’ el alza de la canasta básica de alimentos. Sus nombramientos en el sector económico son los mismos empresarios reciclados con políticas neoliberales. En el sector agropecuario, Varela pareciera tener la intención de seguir el mismo camino trazado por su antecesor: Dejar que los productores se hundan. Sólo sobrevivirán los grandes oligopolios asociados con la explotación de la caña de azúcar y quizás el banano.
Entre los principales dolores de cabeza que enfrenta Varela es la Asamblea de Diputados. Del total de 71 diputados, el Partido Panameñista (del presidente) sólo logró obtener 12 en las elecciones de mayo de 2014. La única carta aparente que tiene el futuro mandatario es negociar con el Partido Revolucionario Democrático (PRD) que tiene asegurado cerca de 25 curules que le permitiría negociar el control de la Presidencia de la Asamblea. Los voceros de los grandes intereses económicos panameños sostienen que esa alianza garantizaría la “gobernabilidad”. Mientras que la ‘sociedad civil’ entiende ‘gobernabilidad’ como la fórmula que garantizaría una gestión responsable y justa de los recursos públicos, quienes manejan el poder están interesados en el manejo del presupuesto nacional que se acerca a los 20 mil millones de dólares.
Más aún, saben que el presidente de la Asamblea es quien decide, en última instancia, como se reparten las ‘partidas circuitales’ que representan cerca de 150 millones de dólares al año. En 2014, año electoral, las ‘partidas circuitales’ distribuidas superaron los 200 millones de dólares. El Ejecutivo le dio órdenes al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que trasladara partidas del presupuesto a un selecto grupo de diputados y otros favorecidos que eran candidatos a elección popular. El MEF depositó cantidades millonarias en las cuentas de varias decenas de juntas comunales que sirvieron de avales de los diputados. Estas transferencias totalmente ajenas al orden jurídico del país fueron aprobadas por la Contraloría General de la República. El caso más emblemático fue la transferencia de 7.5 millones de dólares al remoto Municipio de Río de Jesús, en la provincia de Veraguas, a favor de cuatro diputados, incluyendo a un suplente de diputado que salió electo.
El alcalde de Río de Jesús, Humberto Sánchez, del PRD, confesó en un programa de televisión que para prestar el servicio cobró una comisión de “sólo” el 5 por ciento, es decir, unos 376 mil dólares. El alcalde reconoció que el manejo de estos fondos públicos “no está reglamentado en ningún lado”. Agregó que se hizo un borrador, pero “quedó en nada”. El Municipio en la provincia de Veraguas administra fondos que el Ejecutivo transfirió para uso de los diputados del partido gobernante Cambio Democrático (CD) en las provincias de Los Santos, Coclé, Panamá y Veraguas. No queda claro si este municipio sigue aún administrando fondos públicos asignados a partidas dudosas por parte del MEF con la aprobación de la Contraloría.
En el período 2010 a 2011, se aprobaron 156 millones de dólares en ‘partidas circuitales’. En aquella ocasión el presidente Martinelli declaró que no tenía “la más remota idea de cuánto le asignan (en las partidas), pero no es gran cantidad de plata”. El ministro Frank de Lima, del MEF, le indicó a un programa de televisión que esas partidas son parte de la costumbre política del país. “No estoy diciendo que sea algo bueno”, pero “la cultura nuestra siempre ha sido que el elector ve al diputado como la persona que le debe solucionar”, sentenció de Lima.
Un total de 13 diputados electos en mayo pasado fueron impugnados por el uso ilegal de fondos. El Tribunal Electoral tiene que decidir si es necesario que se hagan nuevas elecciones. La Procuraduría tendría que levantar los expedientes para abrirles juicios penales junto con los demás responsables.
26 de junio de 2014.
No hay comentarios:
Publicar un comentario