El dengue es una enfermedad que la salud pública ha identificado, estudiado y dominado plenamente. Se sabe perfectamente cuales son los procedimientos para erradicar esta enfermedad y mantener a la población libre de los estragos que puede causar.
Entonces, ¿por qué Panamá está en las garras de una epidemia de dengue? En cuestión de meses se han reportado más de 4 mil casos y 8 muertes. Hay que preguntarse por qué las autoridades políticas y de salud del país no toman las medidas necesarias para erradicar las causas de la enfermedad. Para colmo, quienes se proclaman conocedores de la materia aseguran que la causa del dengue es el panameño, especialmente el panameño de los sectores populares de la población. Son ‘cochinos’, dicen las autoridades. Lo peor de todo es que la mentira ha sido repetida tantas veces que mucha gente lo acepta como una ‘verdad’.
Es de conocimiento generalizado que la causa del dengue es la proliferación de un minúsculo agente que propaga la enfermedad: el mosquito aedes aegypti. El pequeño insecto se reproduce sólo en condiciones favorables. Necesita agua limpia estancada para depositar sus larvas. Estas sólo las encuentra cuando la naturaleza es intervenida por actividades de la sociedad.
En la historia de Panamá tenemos el caso – casi legendario – de las epidemias de fiebre amarilla que afectaron al Istmo durante la construcción del Canal de Panamá. Los franceses removieron tierras y trajeron equipo de construcción (entre 1880 y 1893) que se convirtieron en espacios ideales para el mosquito. A partir de 1904 EEUU inició su período de construcción (hasta 1914) con conocimiento de los efectos del mosquito y controló la enfermedad. Los trabajos de construcción se realizaron en el marco de una estricta política de salud pública: No se permitieron la existencia de herbazales, se eliminaban los residuos de chatarra y se aseguraba el drenaje de todas las aguas. La limpieza industrial y doméstica era una obligación, tanto en la antigua Zona del Canal como en las ciudades terminales de Panamá y Colón.
Con altos y bajos esta política de salud se mantuvo a lo largo del siglo XX. La misma se consolidó en la década de 1970 con el lema de ‘Salud igual para Todos’. A fines del siglo, se produjo un cambio importante que en la actualidad estamos pagando sus consecuencias. Los gobiernos de turno – especialmente a partir de 1996 - abandonaron las políticas de salud pública.
En la actualidad, tenemos ciudades ahogadas en basura, inmersas en chatarra y con herbazales a orillas de edificios públicos, empresas privadas e, incluso, escuelas. Mientras que no regresemos a aplicar políticas de salud pública, no se resolverá la actual epidemia de dengue que azota al país.
En vez de subvencionar a quienes lucran en la banca, en la Zona Libre de Colón, en los casinos que promueven el juego de azar y en otras actividades improductivas, hay que invertir en salud pública. Una política de salud sólida sólo requiere una fracción de las subvenciones oficiales que reciben los especuladores panameños y extranjeros para realizar sus negocios.
En primer lugar, hay que tener una política de recolección de basura que no tenga como objetivo realizar pingües ganancias con la compra de equipo y la contratación de trabajadores. Hay que eliminar los focos de basura doméstica e industrial que se acumulan en quebradas, calles y terrenos baldíos a lo largo y ancho del área metropolitana de las ciudades de Panamá (incluyendo San Miguelito) y Colón, y sus alrededores. A pesar de que se declaró un estado de emergencia, no se ha planificado medida alguna para resolver el flagelo de la basura.
Por otro lado, urge construir las redes de agua potable para que llegue a cerca de medio millón panameños en el área metropolitana. Es una población que todavía depende de camiones cisternas que reparten agua o del agua de lluvia (en ‘invierno’). Los gobiernos panameños suelen mentirle al país y a las agencias internacionales diciendo que el 95 por ciento de la población urbana tiene acceso al agua potable. En realidad, es sólo el 50 por ciento, aproximadamente.
Igualmente, urge desarrollar una política que convierta los herbazales en áreas libres del mosquito y disponibles para el esparcimiento de la población. Esta política de salud requiere una inversión permanente anual de 25 millones de dólares. La misma cantidad que gastó el gobierno en las fiestas de fin de año o en el mantenimiento del avión presidencial.
En vez de presentar un plan de trabajo, lo último que propone el gobierno es invertir 10 millones de dólares al año en la introducción de un (súper) mosquito con genes modificados (transgénico). El negocio es de una empresa inglesa que busca clientes en todo el mundo. En EEUU no ha podido poner a prueba sus súper mosquitos y en Brasil los esparció en una pequeña comunidad del noreste de ese país sin resultados positivos.
Hay que poner manos a la obra, con un gobierno capaz de liderar a la población para acabar con la epidemia del dengue. No hay tiempo para convertir la tragedia de la familia panameña en otro negocio millonario.
30 de enero de 2014.
jueves, 30 de enero de 2014
jueves, 23 de enero de 2014
Jované rechaza tácticas del Tribunal Electoral
La estabilidad del Tribunal Electoral de Panamá se ha sostenido durante los últimos 25 años sobre la base del nuevo equilibrio creado por la invasión militar de EEUU en 1989. Esta reestableció la ‘hegemonía perdida’ de la vieja clase rentista y desplazó a la llamada burguesía productiva (industrial y agropecuaria).
El pacto entre las distintas fracciones de los grupos económicos en el poder le permitió al Tribunal Electoral navegar sobre aguas relativamente calmas durante cuatro torneos electorales. Los partidos políticos se alternaban en el poder dando la sensación de que se vivía en un clima democrático. Esta percepción fue perturbada por la gestión presidencial de Ricardo Martinelli (2009-2014), que generó preocupación sobre el futuro de la ‘alternabilidad’ y sobre la legitimidad del Tribunal Electoral.
Más aún, todo indica que la falta de una orientación correcta en el caso de la candidatura de libre postulación a la cual aspira Juan Jované puede crearle dificultades inesperadas al Tribunal Electoral. Jované ha planteado que quiere ocupar la tercera casilla reservada para los candidatos independientes, de acuerdo con la reforma a la ley electoral aprobada en 2009.
En lugar de acoger los hechos tal como se presentan, el Tribunal Electoral optó por darle vuelta a la solicitud de Jované y obstaculizar su candidatura. Los hechos son claros: Jované quedó en el cuarto lugar entre los aspirantes a las tres casillas para ser candidato a la Presidencia de la República por la libre postulación. (La forma en que fue desplazado de las primeras posiciones no será objeto de análisis en el presente escrito). El Tribunal anunció que Gerardo Solís, antiguo magistrado de esa misma instancia, ocupó el primer lugar. Un par de días después, Solís anunció que aceptaba la candidatura a vicepresidente en la nómina del Partido Revolucionario Democrático (PRD). Jované procedió inmediatamente a solicitar que, ante el vació de hecho creado por Solís, se le concediera la casilla vacante.
Después de alegar que la nota entregada por Jované se les había perdido, una semana más tarde el Tribunal Electoral respondió que no podía acoger la solicitud del candidato independiente porque Solís no había hecho efectiva o explícita su renuncia. En otras palabras el Tribunal Electoral aceptaba el absurdo de que el candidato a vicepresidente del PRD, también podía postularse como candidato independiente a la Presidencia de la República. En palabras de la Dirección de Organización Electoral: “Su solicitud es viable sólo cuando uno de los tres candidatos reconocidos renuncie expresamente, toda vez que no encontramos norma legal ni reglamentaria que contemple la renuncia tácita para el caso que nos ocupa”.
Solís anunció que renunciaba “expresamente a la candidatura. No voy a hacer nada para perjudicar a un independiente”, La respuesta de Jované al Tribunal Electoral fue contundente. Comenzó diciendo que el procedimiento violaba su propia ley. Además, señalaba los errores de la interpretación de los letrados electorales. En primer lugar, el reglamento electoral se refiere a la ‘pérdida del carácter del postulado, sin indicar si es tacita o expresa’. En segundo lugar, “cuando un ciudadano inscrito en un partido político se inscribe en otro o respalda con su firma una candidatura por la libre postulación, se entiende que renuncia tácitamente al partido que estuviere inscrito en primer término”. Tercero, según el reglamento electoral, “ningún candidato podrá aparecer, a la vez, como principal y suplente para el mismo tipo de elección”. En el caso de Solís, no puede aparecer, a la vez, como candidato a Presidente por la libre postulación y como candidato a la Vicepresidencia por el Partido Revolucionario Democrático.
En cuarto lugar, se entiende que la renuncia de Solís no es necesaria ya que nunca se presentó en firme. El reglamento electoral señala que “los candidatos de libre postulación para Presidente que no designan su vicepresidente, deberán hacerlo para que sea admisible su postulación”. Quinto, los asesores legales de Jované señalan que todo lo anterior corrobora, “que el Tribunal Electoral violó el Reglamento de Elecciones al admitir la postulación de Solís sin que el mismo haya designado su vicepresidente”. En sexto lugar, se habla de una ‘Alianza entre el PRD y Solís’. En las actas y resoluciones del Directorio Nacional Extraordinario del PRD, que fueron publicadas en el Boletín Nº 3,523 del Tribunal Electoral de 15 de enero de 2014, no hay mención alguna de una ‘Alianza’.
Por último, y es lo más grave para el Tribunal Electoral, la supuesta alianza PRD – Solís violaba el Reglamento y podía “ser impugnada, si antes el Tribunal Electoral no declara desierta la postulación de Solís como candidato a la Presidencia por la libre postulación”. El Tribunal Electoral también puede declarar la renuncia tácita de Solís por haber aceptado la designación como candidato a la Vicepresidencia de la Republica.
En 2009 el Tribunal Electoral obstaculizó la postulación libre de Jované por razones supuestamente ‘constitucionales’. En 2014 trató de levantar una cortina de humo en torno a la única candidatura independiente para volver a cerrarle el paso al profesor universitario. La candidatura de Jované puede alterar la correlación de fuerzas entre los sectores gobernantes con su mera presencia en la boleta electoral.
23 de enero de 2014.
El pacto entre las distintas fracciones de los grupos económicos en el poder le permitió al Tribunal Electoral navegar sobre aguas relativamente calmas durante cuatro torneos electorales. Los partidos políticos se alternaban en el poder dando la sensación de que se vivía en un clima democrático. Esta percepción fue perturbada por la gestión presidencial de Ricardo Martinelli (2009-2014), que generó preocupación sobre el futuro de la ‘alternabilidad’ y sobre la legitimidad del Tribunal Electoral.
Más aún, todo indica que la falta de una orientación correcta en el caso de la candidatura de libre postulación a la cual aspira Juan Jované puede crearle dificultades inesperadas al Tribunal Electoral. Jované ha planteado que quiere ocupar la tercera casilla reservada para los candidatos independientes, de acuerdo con la reforma a la ley electoral aprobada en 2009.
En lugar de acoger los hechos tal como se presentan, el Tribunal Electoral optó por darle vuelta a la solicitud de Jované y obstaculizar su candidatura. Los hechos son claros: Jované quedó en el cuarto lugar entre los aspirantes a las tres casillas para ser candidato a la Presidencia de la República por la libre postulación. (La forma en que fue desplazado de las primeras posiciones no será objeto de análisis en el presente escrito). El Tribunal anunció que Gerardo Solís, antiguo magistrado de esa misma instancia, ocupó el primer lugar. Un par de días después, Solís anunció que aceptaba la candidatura a vicepresidente en la nómina del Partido Revolucionario Democrático (PRD). Jované procedió inmediatamente a solicitar que, ante el vació de hecho creado por Solís, se le concediera la casilla vacante.
Después de alegar que la nota entregada por Jované se les había perdido, una semana más tarde el Tribunal Electoral respondió que no podía acoger la solicitud del candidato independiente porque Solís no había hecho efectiva o explícita su renuncia. En otras palabras el Tribunal Electoral aceptaba el absurdo de que el candidato a vicepresidente del PRD, también podía postularse como candidato independiente a la Presidencia de la República. En palabras de la Dirección de Organización Electoral: “Su solicitud es viable sólo cuando uno de los tres candidatos reconocidos renuncie expresamente, toda vez que no encontramos norma legal ni reglamentaria que contemple la renuncia tácita para el caso que nos ocupa”.
Solís anunció que renunciaba “expresamente a la candidatura. No voy a hacer nada para perjudicar a un independiente”, La respuesta de Jované al Tribunal Electoral fue contundente. Comenzó diciendo que el procedimiento violaba su propia ley. Además, señalaba los errores de la interpretación de los letrados electorales. En primer lugar, el reglamento electoral se refiere a la ‘pérdida del carácter del postulado, sin indicar si es tacita o expresa’. En segundo lugar, “cuando un ciudadano inscrito en un partido político se inscribe en otro o respalda con su firma una candidatura por la libre postulación, se entiende que renuncia tácitamente al partido que estuviere inscrito en primer término”. Tercero, según el reglamento electoral, “ningún candidato podrá aparecer, a la vez, como principal y suplente para el mismo tipo de elección”. En el caso de Solís, no puede aparecer, a la vez, como candidato a Presidente por la libre postulación y como candidato a la Vicepresidencia por el Partido Revolucionario Democrático.
En cuarto lugar, se entiende que la renuncia de Solís no es necesaria ya que nunca se presentó en firme. El reglamento electoral señala que “los candidatos de libre postulación para Presidente que no designan su vicepresidente, deberán hacerlo para que sea admisible su postulación”. Quinto, los asesores legales de Jované señalan que todo lo anterior corrobora, “que el Tribunal Electoral violó el Reglamento de Elecciones al admitir la postulación de Solís sin que el mismo haya designado su vicepresidente”. En sexto lugar, se habla de una ‘Alianza entre el PRD y Solís’. En las actas y resoluciones del Directorio Nacional Extraordinario del PRD, que fueron publicadas en el Boletín Nº 3,523 del Tribunal Electoral de 15 de enero de 2014, no hay mención alguna de una ‘Alianza’.
Por último, y es lo más grave para el Tribunal Electoral, la supuesta alianza PRD – Solís violaba el Reglamento y podía “ser impugnada, si antes el Tribunal Electoral no declara desierta la postulación de Solís como candidato a la Presidencia por la libre postulación”. El Tribunal Electoral también puede declarar la renuncia tácita de Solís por haber aceptado la designación como candidato a la Vicepresidencia de la Republica.
En 2009 el Tribunal Electoral obstaculizó la postulación libre de Jované por razones supuestamente ‘constitucionales’. En 2014 trató de levantar una cortina de humo en torno a la única candidatura independiente para volver a cerrarle el paso al profesor universitario. La candidatura de Jované puede alterar la correlación de fuerzas entre los sectores gobernantes con su mera presencia en la boleta electoral.
23 de enero de 2014.
jueves, 16 de enero de 2014
“Hay que tirar pico y pala” si es necesario
La crisis en torno al Canal de Panamá que actualmente sacude los cimientos de la economía panameña, me recuerda mi visita al proyecto de ‘Las Tres Gargantas’ en China hace una década. El proyecto gigantesco, que se realizó con un presupuesto de US$39 mil millones tenía cuatro objetivos, según los chinos. Primero, evitar las inundaciones periódicas provocadas por el poderoso río Yangtse. Segundo, crear condiciones para impulsar proyectos de irrigación. Tercero, brindarle seguridad al transporte fluvial. Por último, surtir de energía eléctrica a la enorme cuenca y, especialmente, a la ciudad de Shanghai.
La propuesta de ampliación del Canal de Panamá sólo se refiere a un objetivo, del cual se deriva un segundo. La ampliación del Canal contribuiría a la creciente expansión del comercio marítimo mundial altamente monopolizado. Además, al margen, le permitiría a un grupo de especuladores locales y extranjeros incrementar sus ‘rentas’ provenientes de los servicios prestados al comercio marítimo.
En los debates realizados en 2006 en torno al proyecto presentando por el gobierno del presidente Martín Torrijos, para la ampliación del Canal, nos opusimos al mismo por considerarlo muy corto de vista, olvidándose del país y del potencial de desarrollo que debería tener el proyecto para el futuro de Panamá. La propaganda oficial ahogó toda propuesta alternativa y el referéndum arrojó una mayoría favorable al proyecto presentado.
Seguimos siendo de la opinión que el país tiene que incorporar, en forma integral, el Canal de Panamá a sus planes de desarrollo. Países como EEUU y China han aprovechado los grandes proyectos para impulsar diferentes iniciativas. El gobierno panameño sólo ve el proyecto de ampliación como una iniciativa empresarial. De hecho, algunos años antes – 1997 – el Canal de Panamá fue supuestamente ‘blindado’ contra cualquier interés nacional e incorporado a la Constitución Política con un criterio mercantil.
Estos antecedentes nos permiten entender un poco mejor lo que está detrás del diferendo entre el Grupo Unidos por el Canal (GUPC), contratista responsable de la construcción del tercer juego de esclusas, y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).
Según información que ha circulado profusamente en la prensa panameña, española y mundial, los integrantes del grupo que se ganó la licitación tenía desde un principio el plan de recurrir a los ‘sobre costes’ para realizar ganancias extraordinarias. Según fuentes españolas, “ocho de cada diez obras licitadas por las administraciones públicas acarrean sobrecostes, a pesar de que la ley vigente establece que debe ser un recurso excepcional”. Es el ‘modus operandi’. En una entrevista, Jorge Quijano actual administrador de la ACP, dijo que los españoles le pidieron que cambiara la ley panameña. “Les dije que no puedo cambiar la ley porque ellos quieren que yo negocie fuera del contrato”.
El gobierno panameño y la ACP tuvieron el tiempo suficiente para detectar la maniobra de los miembros del consorcio hispano-italiano. Sin embargo, no hicieron lo que era necesario antes de la licitación, durante el período de estudio de las propuestas y una vez iniciadas las obras, para evitar el problema que ahora es de todos los panameños.
A los panameños no nos queda otra que cerrar filas y apoyar a la ACP para que pueda terminar la construcción del tercer juego de esclusas. Según el administrador Quijano, hay “un buen plan de ejecución que (garantiza que) esta obra la podemos completar sin mayor gasto adicional”. Agregó “que si tengo que tirar pico y pala para terminar esta obra, voy a acompañar a todos los panameños para terminarla”.
La ruta que se escoja, sin embargo, no debe sobrepasar el presupuesto original. Obviamente, el error cometido por Panamá en 2009 no puede repetirse. Para ello es necesario que los panameños procedamos a reorganizar a la ACP. La institución tiene fallas y los panameños somos los primeros que debemos reconocerlo.
Al cerrar filas en torno a la ACP para que dé la batalla, tenemos que redescubrir y reforzar tres nociones: transparencia, rendición de cuentas y compromiso nacional.
Para demostrar su transparencia, la ACP tiene que comenzar por colocar en su página virtual el contrato que celebró con el GUPC.
La ACP rinde anualmente cuentas ante la Asamblea de Diputados. Ante un hemiciclo medio vacío, sin interés en cuestionar la gestión realizada, los técnicos dan a conocer sus cifras. La rendición de cuentas tiene que hacerse también en las universidades, ante los gremios y organizaciones del país.
Urge, por último, que la ACP se incorpore al desarrollo integral del país. Que el Canal sea el motor de la economía nacional, por lo menos durante los próximos 20 años. Ejemplo: la construcción del quinto puerto que necesitan los barcos usuarios del Canal en una ciudad del interior, comunicada con la vía acuática por un tren rápido. Otro ejemplo: El establecimiento de un instituto de investigaciones sobre las cuencas y su contribución al desarrollo integral de las poblaciones que viven dentro de sus perímetros. Ese instituto trabajaría con la entidad gubernamental encargada de ejecutar una política de desarrollo integral en la cuenca del Canal de Panamá.
La contribución de la represa de Las Tres Gargantas al desarrollo de su país es un proyecto que merece emularse.
16 de enero de 2014.
La propuesta de ampliación del Canal de Panamá sólo se refiere a un objetivo, del cual se deriva un segundo. La ampliación del Canal contribuiría a la creciente expansión del comercio marítimo mundial altamente monopolizado. Además, al margen, le permitiría a un grupo de especuladores locales y extranjeros incrementar sus ‘rentas’ provenientes de los servicios prestados al comercio marítimo.
En los debates realizados en 2006 en torno al proyecto presentando por el gobierno del presidente Martín Torrijos, para la ampliación del Canal, nos opusimos al mismo por considerarlo muy corto de vista, olvidándose del país y del potencial de desarrollo que debería tener el proyecto para el futuro de Panamá. La propaganda oficial ahogó toda propuesta alternativa y el referéndum arrojó una mayoría favorable al proyecto presentado.
Seguimos siendo de la opinión que el país tiene que incorporar, en forma integral, el Canal de Panamá a sus planes de desarrollo. Países como EEUU y China han aprovechado los grandes proyectos para impulsar diferentes iniciativas. El gobierno panameño sólo ve el proyecto de ampliación como una iniciativa empresarial. De hecho, algunos años antes – 1997 – el Canal de Panamá fue supuestamente ‘blindado’ contra cualquier interés nacional e incorporado a la Constitución Política con un criterio mercantil.
Estos antecedentes nos permiten entender un poco mejor lo que está detrás del diferendo entre el Grupo Unidos por el Canal (GUPC), contratista responsable de la construcción del tercer juego de esclusas, y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).
Según información que ha circulado profusamente en la prensa panameña, española y mundial, los integrantes del grupo que se ganó la licitación tenía desde un principio el plan de recurrir a los ‘sobre costes’ para realizar ganancias extraordinarias. Según fuentes españolas, “ocho de cada diez obras licitadas por las administraciones públicas acarrean sobrecostes, a pesar de que la ley vigente establece que debe ser un recurso excepcional”. Es el ‘modus operandi’. En una entrevista, Jorge Quijano actual administrador de la ACP, dijo que los españoles le pidieron que cambiara la ley panameña. “Les dije que no puedo cambiar la ley porque ellos quieren que yo negocie fuera del contrato”.
El gobierno panameño y la ACP tuvieron el tiempo suficiente para detectar la maniobra de los miembros del consorcio hispano-italiano. Sin embargo, no hicieron lo que era necesario antes de la licitación, durante el período de estudio de las propuestas y una vez iniciadas las obras, para evitar el problema que ahora es de todos los panameños.
A los panameños no nos queda otra que cerrar filas y apoyar a la ACP para que pueda terminar la construcción del tercer juego de esclusas. Según el administrador Quijano, hay “un buen plan de ejecución que (garantiza que) esta obra la podemos completar sin mayor gasto adicional”. Agregó “que si tengo que tirar pico y pala para terminar esta obra, voy a acompañar a todos los panameños para terminarla”.
La ruta que se escoja, sin embargo, no debe sobrepasar el presupuesto original. Obviamente, el error cometido por Panamá en 2009 no puede repetirse. Para ello es necesario que los panameños procedamos a reorganizar a la ACP. La institución tiene fallas y los panameños somos los primeros que debemos reconocerlo.
Al cerrar filas en torno a la ACP para que dé la batalla, tenemos que redescubrir y reforzar tres nociones: transparencia, rendición de cuentas y compromiso nacional.
Para demostrar su transparencia, la ACP tiene que comenzar por colocar en su página virtual el contrato que celebró con el GUPC.
La ACP rinde anualmente cuentas ante la Asamblea de Diputados. Ante un hemiciclo medio vacío, sin interés en cuestionar la gestión realizada, los técnicos dan a conocer sus cifras. La rendición de cuentas tiene que hacerse también en las universidades, ante los gremios y organizaciones del país.
Urge, por último, que la ACP se incorpore al desarrollo integral del país. Que el Canal sea el motor de la economía nacional, por lo menos durante los próximos 20 años. Ejemplo: la construcción del quinto puerto que necesitan los barcos usuarios del Canal en una ciudad del interior, comunicada con la vía acuática por un tren rápido. Otro ejemplo: El establecimiento de un instituto de investigaciones sobre las cuencas y su contribución al desarrollo integral de las poblaciones que viven dentro de sus perímetros. Ese instituto trabajaría con la entidad gubernamental encargada de ejecutar una política de desarrollo integral en la cuenca del Canal de Panamá.
La contribución de la represa de Las Tres Gargantas al desarrollo de su país es un proyecto que merece emularse.
16 de enero de 2014.
jueves, 9 de enero de 2014
La juventud rebelde de la gesta del 9 de enero
Hace apenas mes y medio el grupo artístico El Kolectivo denunció la acción del gobierno que destruyó sus murales que pretendían recuperar la memoria colectiva sobre la gesta del 9 de enero de 1964. Los muchachos declararon que la “indignación, rabia, tristeza nos envuelve al ver pisoteado nuestro esfuerzo por salvar nuestra memoria histórica pero volveremos más fuertes y entusiasmados para defenderla”. Aquella gesta - cuyo cincuentenario conmemoramos hoy - sigue siendo el grito de guerra del pueblo panameño y de la juventud. Es el símbolo del proyecto de Nación y recoge lo más noble de nuestro patriotismo.
Desde la invasión militar norteamericana de 1989, los sectores más oscurantistas del país han querido borrar de la memoria colectiva de la nación la gesta heroica de nuestra juventud. En medio de esta lucha ideológica, en 2013 apareció un movimiento por el rescate del 9 de enero como fecha de reflexión nacional. El gobierno fue obligado a respetar la fecha heroica que cumple hoy su cincuentenario.
En enero de 1964, decenas de miles de voces se levantaron al unísono exigiendo la desocupación militar norteamericana del suelo panameño. A la cabeza de esa protesta se colocó el movimiento estudiantil. No fue casual, ni espontáneo. Desde principios de la década de 1940 – con la creación de la Federación de Estudiantes de Panamá (FEP) y del Frente Patriótico de la Juventud - los estudiantes asumieron un papel creciente en la vida política del país.
El 9 de enero de 1964, una delegación estudiantil del Instituto Nacional salió con una misión precisa y concreta: Izar el pabellón nacional en la escuela secundaria de Balboa, enclavada en la antigua Zona del Canal. La marcha pacífica de los institutores fue rechazada violentamente por la Policía de la Zona.
Frustrados, los estudiantes retrocedieron siendo golpeados por una Policía extranjera. En momento alguno los valientes ‘aguiluchos’ perdieron la compostura y supieron proteger la bandera mancillada por los agresores. Cuando la noticia de lo ocurrido recorrió las calles de la ciudad de Panamá surgió un sentimiento de indignación y orgullo patrio.
El ocupante que había reprimido la marcha pacífica de un grupo estudiantil se sentía prepotente detrás de la zona amurallada. La respuesta fue rápida y contundente. De cada rincón del país, apareció un pueblo dispuesto a contribuir - aunque sólo fuese con su presencia – a reivindicar la afrenta. El gobierno acuarteló a la Guardia Nacional para evitar enfrentamientos. En cambio, EEUU procedió en forma opuesta. Movilizó primero a la Policía de la Zona e, inmediatamente, desplegó a su Ejército acantonado en sus bases militares. Las tropas ocuparon posiciones estratégicas e iniciaron un operativo de limpieza basado en tácticas letales de guerra urbana.
Carlos Pérez M. describe en la revista TAREAS Nº146 (enero-abril 2014) la confusión que imperaba entre las instancias militares de EEUU, el gobierno de la Zona del Canal y la Embajada de ese país en esos días de enero. El gobernador (“¡de qué!”) de la Zona quería conservar su autoridad, mientras que los militares del Comando Sur se impusieron ‘de facto’. Al mismo tiempo, la Embajada perdió el control sobre la situación. El operativo militar desordenado e irresponsable de EEUU dejó como secuela 23 mártires panameños que el país honra permanentemente desde hace 50 años.
Su sacrificio, como lo señala Raymundo Gurdián, fue la plataforma sobre la cual se negociaron los Tratados del Canal Torrijos Carter (1977) que puso fin a la ocupación colonial de EEUU en Panamá. Según Adolfo Ahumada, citado por Celestino Araúz, se convocó a una manifestación relámpago en los predios de la Universidad de Panamá. “Más de mil estudiantes salimos entonces por la (vía) Transístmica, encabezados por los dirigentes de la Unión de Estudiantes Universitarios y de la Federación de Estudiantes de Panamá”. Eduardo Flores señala que el 10 de enero se celebró una Asamblea en el Paraninfo de la Universidad de Panamá “donde después de un análisis se aprobó un manifiesto y una marcha a la Presidencia”. En el manifiesto se pidió la ruptura de relaciones con EEUU.
Los dirigentes universitarios que encabezaron esa columna fueron Floyd Britton, Víctor Avila, Adolfo Ahumada, César Arosemena y Simón Liepsik. Además, Rolando Armuelles, Moisés Carrasquilla, Euribiades Herrera, Adán Castillo Galástica, Honorio Quezada y José Hurtado. Curiosamente, un periodista norteamericano, reputado agente de la CIA, Jules Dubois, citado por Araúz, confirma las credenciales de los dirigentes estudiantiles. Para EEUU, sin embargo, los estudiantes no eran los héroes que los panameños reconocemos. Eran los enemigos que la máquina propagandística de la CIA tenía que destruir.
“Volveremos más fuertes” es, sin duda, el grito de cada generación de jóvenes que han escalado hasta las cimas más altas en el proceso de construcción de la Nación panameña. ¿Quién se hubiera imaginado que una juventud rebelde pondría fin a esa absurda pretensión de Washington - en colusión con nuestros entonces dirigentes políticos, en aquella fría y oscura noche del otoño norteamericano (18 de noviembre de 1903), cuando el secretario de Estado norteamericano, John Hay, y el francés Bunau Varilla, firmaron un Tratado - que pretendía convertir a Panamá en semicolonia a perpetuidad?
9 de enero de 2014.
Desde la invasión militar norteamericana de 1989, los sectores más oscurantistas del país han querido borrar de la memoria colectiva de la nación la gesta heroica de nuestra juventud. En medio de esta lucha ideológica, en 2013 apareció un movimiento por el rescate del 9 de enero como fecha de reflexión nacional. El gobierno fue obligado a respetar la fecha heroica que cumple hoy su cincuentenario.
En enero de 1964, decenas de miles de voces se levantaron al unísono exigiendo la desocupación militar norteamericana del suelo panameño. A la cabeza de esa protesta se colocó el movimiento estudiantil. No fue casual, ni espontáneo. Desde principios de la década de 1940 – con la creación de la Federación de Estudiantes de Panamá (FEP) y del Frente Patriótico de la Juventud - los estudiantes asumieron un papel creciente en la vida política del país.
El 9 de enero de 1964, una delegación estudiantil del Instituto Nacional salió con una misión precisa y concreta: Izar el pabellón nacional en la escuela secundaria de Balboa, enclavada en la antigua Zona del Canal. La marcha pacífica de los institutores fue rechazada violentamente por la Policía de la Zona.
Frustrados, los estudiantes retrocedieron siendo golpeados por una Policía extranjera. En momento alguno los valientes ‘aguiluchos’ perdieron la compostura y supieron proteger la bandera mancillada por los agresores. Cuando la noticia de lo ocurrido recorrió las calles de la ciudad de Panamá surgió un sentimiento de indignación y orgullo patrio.
El ocupante que había reprimido la marcha pacífica de un grupo estudiantil se sentía prepotente detrás de la zona amurallada. La respuesta fue rápida y contundente. De cada rincón del país, apareció un pueblo dispuesto a contribuir - aunque sólo fuese con su presencia – a reivindicar la afrenta. El gobierno acuarteló a la Guardia Nacional para evitar enfrentamientos. En cambio, EEUU procedió en forma opuesta. Movilizó primero a la Policía de la Zona e, inmediatamente, desplegó a su Ejército acantonado en sus bases militares. Las tropas ocuparon posiciones estratégicas e iniciaron un operativo de limpieza basado en tácticas letales de guerra urbana.
Carlos Pérez M. describe en la revista TAREAS Nº146 (enero-abril 2014) la confusión que imperaba entre las instancias militares de EEUU, el gobierno de la Zona del Canal y la Embajada de ese país en esos días de enero. El gobernador (“¡de qué!”) de la Zona quería conservar su autoridad, mientras que los militares del Comando Sur se impusieron ‘de facto’. Al mismo tiempo, la Embajada perdió el control sobre la situación. El operativo militar desordenado e irresponsable de EEUU dejó como secuela 23 mártires panameños que el país honra permanentemente desde hace 50 años.
Su sacrificio, como lo señala Raymundo Gurdián, fue la plataforma sobre la cual se negociaron los Tratados del Canal Torrijos Carter (1977) que puso fin a la ocupación colonial de EEUU en Panamá. Según Adolfo Ahumada, citado por Celestino Araúz, se convocó a una manifestación relámpago en los predios de la Universidad de Panamá. “Más de mil estudiantes salimos entonces por la (vía) Transístmica, encabezados por los dirigentes de la Unión de Estudiantes Universitarios y de la Federación de Estudiantes de Panamá”. Eduardo Flores señala que el 10 de enero se celebró una Asamblea en el Paraninfo de la Universidad de Panamá “donde después de un análisis se aprobó un manifiesto y una marcha a la Presidencia”. En el manifiesto se pidió la ruptura de relaciones con EEUU.
Los dirigentes universitarios que encabezaron esa columna fueron Floyd Britton, Víctor Avila, Adolfo Ahumada, César Arosemena y Simón Liepsik. Además, Rolando Armuelles, Moisés Carrasquilla, Euribiades Herrera, Adán Castillo Galástica, Honorio Quezada y José Hurtado. Curiosamente, un periodista norteamericano, reputado agente de la CIA, Jules Dubois, citado por Araúz, confirma las credenciales de los dirigentes estudiantiles. Para EEUU, sin embargo, los estudiantes no eran los héroes que los panameños reconocemos. Eran los enemigos que la máquina propagandística de la CIA tenía que destruir.
“Volveremos más fuertes” es, sin duda, el grito de cada generación de jóvenes que han escalado hasta las cimas más altas en el proceso de construcción de la Nación panameña. ¿Quién se hubiera imaginado que una juventud rebelde pondría fin a esa absurda pretensión de Washington - en colusión con nuestros entonces dirigentes políticos, en aquella fría y oscura noche del otoño norteamericano (18 de noviembre de 1903), cuando el secretario de Estado norteamericano, John Hay, y el francés Bunau Varilla, firmaron un Tratado - que pretendía convertir a Panamá en semicolonia a perpetuidad?
9 de enero de 2014.
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