EEUU desata 'guerra de clases' contra Venezuela

La mega cadena norteamericana de televisión – NBC – recogió las declaraciones del senador republicano por Arizona, John McCain, quien dijo que “EEUU debe enviar tropas de inmediato a Venezuela movilizando una flota de buques a la región. Agregó que Washington “debe convencer a un grupo de países aliados latinoamericanos - como Colombia, Perú y Chile - para que preparen operativos militares que impedan que (el presidente) Maduro destruya los derechos e intereses de EEUU en el hemisferio".
El candidato a la presidencia de EEUU en 2008 no descartó que EEUU “preparara una fuerza militar para garantizar y proteger el flujo petrolero hacia EEUU. Es necesario cuidar esos recursos estratégicos y velar por nuestros intereses globales”. El diario mexicano, La Jornada, informó que la empresa NBC borró posteriormente la información de su página en internet. En su lugar, CNN incluyó otra entrevista a McCain con afirmaciones intervencionistas más suaves.
EEUU ha adoptado una táctica distinta a la utilizada en 2002 en su intento de derrocar por la fuerza al entonces presidente Hugo Chávez. Mientras que en 2002, un grupo de empresarios en colusión con unos generales actuaron siguiendo orientaciones de la embajada norteamericana, en 2014 el objetivo es socavar la economía venezolana y movilizar a los descontentos bajo la dirección de los políticos de extrema derecha.
Los actores locales de la oposición venezolana han cambiado. Sin embargo, el instigador que mueve las fichas para desestabilizar al gobierno de la revolución bolivariana está atrincherado en la sede diplomática que tiene EEUU en Caracas. El presidente Maduro expulsó a los tres agentes norteamericanos más conspicuos y mantiene a su país en guardia frente a los movimientos de los otros miembros de las agencias desestabilizadoras de Washington que operan en Venezuela.
La televisora CNN de EEUU también fue criticada por su tergiversación de los hechos. La empresa fundada por Ted Turner hace 30 años es el principal agitador que abanica las políticas norteamericanas en Venezuela. Todas las mañanas le pide al pueblo que salga a la calle a tumbar al ‘brujo’ Maduro. En las tardes, desde Miami y Nueva York hace la recapitulación. La subversión mediática norteamericana ha sido probada y ha tenido éxito en Guatemala (1953), Chile (1973), Nicaragua (1980) y Panamá (1989).
Pero hay una diferencia, en los casos mencionados y otros similares, EEUU intervino con una fuerza militar propia o mercenaria. En el caso de Venezuela, el estamento militar está comprometido con la revolución bolivariana. Los militares venezolanos han mostrado su lealtad a su institución y a su país.
EEUU le ha dado un carácter de ‘guerra de clases’ a su ofensiva en Venezuela. Los valores capitalistas se juegan en su totalidad frente a un pueblo que defiende sus conquistas logradas bajo el liderazgo de Hugo Chávez. La campaña mediática de Washington se concentra en elementos que logran movilizar a sectores de las capas medias venezolanas. El acceso a los dólares es el principal elemento que defiende la clase media. Así mismo, las dificultades para comprar ciertos artículos de lujo. Para la televisión internacional era más preocupante la falta de papel periódico que el papel ‘comfort’ acaparados por los comerciantes.
Venezuela tiene una historia de movimientos sociales que se remonta a la colonia y que tuvo su epicentro en las guerras por la independencia encabezadas por Simón Bolívar a principios del siglo XIX. El petróleo transformó la antigua estructura social hacendada a principios del siglo XX, creando una oligarquía que, en alianza con EEUU, despilfarró sus recursos. En la década de 1950 las capas medias reemplazaron a la vieja oligarquía y gobernaron durante 40 años, repartiendo las riquezas petroleras de manera más ‘democrática’ entre el 20 por ciento de la población. El otro 80 por ciento - los sectores populares - finalmente dijo ‘basta ya’ con el Caracazo de 1989 que condujo a la elección de Hugo Chávez en 1998.
A fines del siglo XX “todos” veían en Chávez el líder excepcional que estabilizaría ‘nuevamente’ el país. Especialmente EEUU que apostaba a su pasado militar reciente con la creencia que actuaría con mano dura contra el pueblo. Las capas medias porque estaban asustadas ante una masa popular descontenta y exigente, pero sin organización aparente. Los sectores ‘oligarquizantes’ asociados al petróleo lo veían como candidato ideal para ser corrompido por la riqueza desbordante del subsuelo.
“Todos” se equivocaron. Incluso, Gabriel García Márquez quien no logró entender al llanero con espíritu indomable. Los discursos fogosos de Chávez encandilaron los hogares de las mayorías venezolanas. La diferencia entre la retórica fogosa de Chavéz y otros políticos era que éste tenía la intención de cumplir con cada palabra de su discurso. Cada iniciativa era vista con sospecha por la embajada de EEUU, con rechazo por las capas medias y como ‘traición’ por los petroleros oligarquizantes.
Pero los programas de salud, de educación, de vivienda y, sobre todo, de dignidad e identidad calaron rápidamente en los sectores populares. Chávez convocaba a elecciones anuales, como plebiscitos y el pueblo le entregaba un nuevo mandato. Maduro sigue el mismo camino. Por eso los venezolanos no le temen a la retórica de McCain.
27 de febrero de 2014.

La defensa de los kunas de la comarca Wargandí

Es importante reproducir un artículo de Anelio Merry López, que me enviara Arysteides Turpana, sobre la agresión permanente de la cual es victima el pueblo indigna kuna en Arnatí, comarca de Wargandí. Esta es una de las tres comarcas kunas en Panamá y única en la provincia de Darién. El acceso a sus tierras es por la vía fluvial. Hace un mes, un medio dio a conocer las declaraciones desafortunadas del director del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT), Frank Abrego, quien aseguró que unos cien indígenas kunas de Wargandi habían agredido a familias residentes en “Arnati”.
Los medios no se dignaron en buscar la otra versión. Siempre hay que conocer las dos versiones cuando surge un pleito, más todavía en los medios. La verdad sobre el incidente quedó en el olvido. Veamos el otro lado de la historia.
El pueblo guna de Wargandi, que vive en esa área desde el siglo XVII, lleva tres largos años denunciando el robo del muy cotizado árbol de cocobolo, propiedad colectiva de la comarca. Los responsables de estas sustracciones son los wagas (los colonos de Asnadi). El sagla Mauricio ha acudido en varias oportunidades a la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) para solicitar la intervención de la institución que vela por los recursos naturales. Esta institución debe evitar que se siga sacando maderas de cocobolo por parte de los colonos. Los kunas han sido muy tolerantes y en reiteradas ocasiones han conversado con los colonos para pedirles que no sigan robando los recursos de la comarca. No obstante, los colonos han hecho caso omiso. En la actualidad, en vez de incursionar en tierras kuna de día han optado robar de noche.
Hay 50 familias colonas en territorio Wargandi de forma ilegal. Desde hace tiempo se espera que las autoridades nacionales competentes procedan a su desalojo, pero hasta el momento el problema persiste y continúa el robo descarado del árbol de cocobolo.
Hace varios meses la comunidad guna de Mordi, en la comarca de Wargandi, decidió organizarse y crearon puestos de control con 10 hombres cada uno para vigilar que no se siga robando el cocobolo, pero los colonos optaron por actuar de noche, utilizando caballos como medio de transporte. El 10 de enero de este año, siendo las 4:00 de la tarde, aproximadamente, uno de los puestos de control sorprendió, como quien dice, con la masa en la mano, a los colonos que ya estaban sacando el cocobolo y les reclamaron que la madera preciosa era propiedad del pueblo guna y que no podían sacarlo. Los colonos aceptaron el reclamo en ese momento.
De acuerdo con los vigilantes, los colonos dejaron el cocobolo donde le habían indicado. Pero, sin imaginar lo que iba ocurrir, como ladrón que entra de noche, los mismos volvieron y sacaron el cocobolo a pesar del llamado que les habían hecho los guardianes de la comunidad.
Cuando se dieron cuenta de las acciones de los colonos ya era tarde. Los guardianes kuna decidieron seguir sus rastros y los encontraron en el río Asnadi, precisamente con el material robado, el valioso cocobolo. El grupo volvió con la información a la comunidad sobre lo que había ocurrido.
El sagla Mauricio Castaño, cuenta que ya cansado, frustrado de acudir una y otra vez a las instituciones públicas que tienen que ver con esto, después de tres años sin respuesta, tolerando, llamando la atención, incluso, a los propios colonos sin que le hagan caso, decidió junto a su pueblo tomar acciones. El 14 de noviembre del año pasado, el sagla Mauricio fue testigo de cómo un grupo de los mismos colonos cargaban su cocobolo en tres piraguas llenos. Confiando, llamó personalmente a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de Darién para reportar en el momento preciso que estaba ocurriendo el robo de sus árboles. A pesar del informe a las autoridades, nadie actuó. Otro hecho anterior, había quedado en la lista de frustraciones e impotencia de la población kuna y su dirigencia cuando, junto al cacique Osvaldo Alvarado, en la misma instalación de la ANAM, en Meddedi (Metetí), robaron el cocobolo decomisado por parte de la institución oficial, donde estaba depositada la madera. Varios días después le dijeron que el cocobolo había sido robado.
No era el único caso de desaparición de cocobolo en manos de la ANAM. Según un
reporte del diario La Prensa del 18 de noviembre de 2013, “…en mayo de ese año, un contenedor con cocobolo desapareció en el puerto fluvial de Manzanillo, a pesar de que ya había sido incautado por la ANAM. En un hecho confuso con la Autoridad Nacional de Aduanas (que todavía no se investiga a fondo) el vagón desapareció y las autoridades presumen que ya está en (algún país de) Oriente”. En este caso se implicaron a funcionarios de ANAM y políticos. A pesar de ello, la dirigencia de Mordi, comarca de Wargandi, siguió confiando en las instituciones acudiendo y esperando que les resuelvan su problema con respecto al robo constante de árboles de cocobolo y asimismo de la invasión de sus tierras por parte de los colonos.
20 de febrero de 2014.

La crisis de la educación y la solución

En su discurso ante la Asamblea Nacional de Diputados el 1º de julio de 2013, el presidente Ricardo Martinelli declaró que “si no transformamos la educación pública, no estaremos en condiciones de acompañar y fortalecer el proceso de crecimiento (económico) que vivimos”. Para lograr este objetivo, señaló que gobierno identificó dos objetivos básicos. El primero es garantizar una educación incluyente. Es decir, asegurar que todos los niños ingresen al sistema y que no lo abandonen. El segundo, elevar la calidad de la enseñanza en todos sus niveles.
En su Congreso anual, la Asociación de Educadores Veragüenses (AEVE) examinó estos planteamientos y llegó a la conclusión que el gobierno había fracasado en ambos casos. La deserción escolar sigue aumentando y la calidad de la educación continúa empeorando. En un documento de trabajo del Congreso, se comparó la situación de la educación en 2008 con la de 2012. La cobertura de la población en edad escolar sufrió una baja. Mientras que en 2008 el 85.1 por ciento de los niños estaban en las escuelas, en 2012 la cifra bajo a sólo 84.7 por ciento. Todavía más alarmante, trabajando con cifras preliminares de 2013, se constató que en 2013 la tendencia siguió su curso. Según estimaciones, la población en edad escolar de ese año fue 992.574. Los informes sobre la matrícula inicial de 2013 indican que hubo 55,540 menos niños matriculados. Sobre la base de información proporcionada por el Ministerio de Educación, la tasa de escolarización en 2013 sólo alcanzó el 78.8 por ciento.
Según el documento discutido en el Congreso de AEVE, “la cobertura escolar en 2013 cayó de manera preocupante”. Dado el aumento de la población en edad escolar y el descenso sensitivo de las matrículas en los niveles primario y pre media en 2013 es presumible que la cobertura escolar disminuyó. “Es claro que durante este gobierno la inclusión (cobertura) no solo no aumentó, sino que en 2013 hizo crisis.
Con relación al segundo objetivo del gobierno, que es ‘elevar la calidad de la enseñanza en todos los niveles”, los indicadores oficiales revelan que este objetivo tampoco fue cumplido. Por ejemplo, Mientras que en 2008 habían 5,056 docentes no calificados en el sistema, en 2012 la cifra se elevó a 5,097 docentes. Para la AEVE es preocupante que el 53 por ciento de los docentes del nivel prescolar no está calificado. No se cumple con uno de los objetivos de su existencia, que es resolver algunos de los problemas que se presentan en el primer grado.
Otro serio problema que incide sobre la educación es la existencia y promción de las escuelas rancho o ‘multigrado’. En 2012, de las 2,971 escuelas oficiales del nivel primario en Panamá, el 71.4 por ciento eran escuelas multigrado. Las escuelas rancho se concentran en las áreas rurales (81.4 por ciento). En laa áreas urbanas el 4.4 por ciento de las escuelas son multigrado.
El 23.3 por ciento, es decir, uno de cada cuatro, estudiantes están matriculados en escuelas multigrado primarias oficiales. En las áreas rural e indígena, 4 de cada 10 niños matriculados están asistiendo a escuelas de modalidad multigrado.
Esta modalidad, se ha extendido rápidamente, bajo el actual gobierno, a las escuelas de pre-media. El sistema escuelas rancho pasó de 33.5 por ciento en 2010 a 45.7 por ciento en 2012. En 2012 habían 279 escuelas oficiales de pre-media multigrado de un total de 610 escuelas de pre media oficiales del país. La matrícula en estas escuelas es de 11,812 estudiantes que representan el 7.4 por ciento del total en las escuelas oficiales.
En el Congreso de la AEVE, el candidato independiente a presidente de la República, Juan Jované, presentó su plan de trabajo en materia de educación preparado para cuando sea gobierno. Lo primero, es “reconocer el derecho a la educación, como un derecho humano inalienable”. Para ese fin hay que “revertir todas las medidas existentes que hayan llevado a la tercerización y privatización en la esfera de los servicios de educación”. Casi todos los días el Ministerio de Educación publica resoluciones que tienden a socavar los cimientos del sistema escolar que se comenzó a construir hace cien años. La semana pasada anunció que había decidido eliminar el bachillerato en Letras, erradicando cursos de Educación Física, Historia y Cívica.
Jované también se comprometió a establecer a nivel constitucional un porcentaje fijo del presupuesto general del Estado para la educación. En la actualidad, el gobierno destina a la educación el 3 por ciento de su presupuesto. Esta suma debe elevarse al 12 por ciento si se quiere erradicar los problemas sociales del país. Sólo este fin de semana se celebraron bodas, cumpleaños y otras fiestas en la ciudad de Panamá que superaron los presupuestos de la mitad de las escuelas oficiales del país.
El candidato independiente también señaló que crearía un Instituto de la Juventud y garantizaría el derecho a la libre organización de los estudiantes en todos los planteles del país. Restablecería dentro del programa académico obligatorio la asignatura de “Historia de las relaciones de Panamá y EEUU”. También aseguró que eliminaría todas las escuelas multigrado que discrimina a los más pobres.
13 de enero de 2014.

Política exterior a la deriva en aguas del Canal

Tener en cuenta el escenario internacional y manejarlo correctamente es esencial para salir de la crisis provocada por las empresas constructoras del tercer juego de esclusas del Canal de Panamá. Los éxitos panameños en materia interna siempre han tenido como punto de apoyo una política internacional consecuente.
Hay tres lecciones que aprendimos en el siglo XX que lamentablemente hemos olvidado en la actualidad: 1. Nuestra lucha por la soberanía sobre la totalidad de nuestro territorio fue exitosa cuando hicimos nuestra la lucha de todos los pueblos por su soberanía. 2. La lucha de nuestro pueblo por la paz y la neutralidad del Istmo - y de la ruta de tránsito - se coronó con éxito cuando reconocimos que este anhelo es de todos los pueblos del mundo. 3. Igualmente, sabemos que el pueblo que se solidariza con sus homólogos, no importa en que rincón del mundo se encuentre, recibirá a cambio el apoyo internacional en los momentos más importantes.
En la actual crisis creada por los contratistas del GUPC, nos hemos olvidado de estas simples lecciones. La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) acepta - para sentarse a negociar - las condiciones de las empresas del GUPC que sólo están pensando en beneficiarse con ingresos que son el resultado de sus propias especulaciones. Las negociaciones se realizan detrás de puertas herméticas, sin el conocimiento de las organizaciones panameñas y mucho menos con la solidaridad de gobiernos de la región. Esta última solidaridad fluiría ‘naturalmente’ ya que casi todos los gobiernos latinoamericanos han pasado por las mismas experiencias.
La ACP debería convocar todos los días al atardecer a una conferencia de prensa para informar sobre los avances de las llamadas negociaciones con el GUPC. El proceso debería ser abierto y público. Incluso, en el lugar donde se realizan las conversaciones entre las partes debería haber uno o más periodistas escogidos por el ‘pool’ de reporteros que le está dando seguimiento a la crisis.
El gobierno nacional será, en última instancia, la responsable de la debacle – si se produce – de la ampliación del Canal de Panamá. Su política de seguridad y de relaciones internacionales ha promovido la creciente insolencia de las empresas del GUPC. En materia de relaciones exteriores debería estar informando al mundo a través de sus embajadas sobre las pretensiones del GUPC y de los gobiernos europeos que lo apoyan.
La reciente cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC) era el escenario más apropiado para que Panamá presentara el caso de la pretendida maniobra de chantaje en torno a la vía acuática. En esa cumbre estaban presentes 30 jefes de gobierno latinoamericanos con sus equipos de trabajo. Los argentinos plantearon el problema de las Malvinas, los cubanos la ocupación ilegal de Guantánamo, varios gobiernos resaltaron la ausencia involuntaria de Puerto Rico.
El gobierno actual, sin embargo, tiene una política totalmente contraria a la solidaridad latinoamericana. Lo ha manifestado de distintas maneras: Sigue la línea que le ordena Washington. Llegó al extremo de anunciar con exagerada arrogancia que el Presidente ni miembro gubernamental con la investidura apropiada asistiría a la cumbre de la CELAC. Era un favor que le hacía a EEUU que ya había sacado su aparato propagandístico para intentar sabotear la reunión de mandatarios latinoamericanos.
En los momentos en que Panamá más necesita que el mundo entienda en que consiste el chantaje de las empresas del GUPC tenemos una política internacional equivocada. La crisis que enfrenta el país no es sólo culpa del actual gobierno. Desde la invasión militar norteamericana de 1989, la Cancillería panameña y los aparatos de seguridad del país son manejados por la Embajada de EEUU en Panamá. Esta situación parece extenderse a la ACP. El administrador de la empresa pública del Canal – en medio de las negociaciones con el GUPC – recorrió los avances de la construcción del tercer juego de esclusas con el actual embajador de EEUU en Panamá.
No hay transparencia y, como consecuencia, se desvanece la credibilidad y aparece la desconfianza. Los panameños perciben el Canal y su fuente de riqueza como la llave para impulsar un plan de desarrollo nacional. En la actualidad, esta visión no la comparten el gobierno nacional, ni la junta directiva de la ACP ni la Administración. Sus intereses parecen correr paralelas a las agendas del comercio marítimo mundial (que incluyen las grandes navieras). Obviamente, el gobierno nacional define la política que mueve el Canal de Panamá. El Ejecutivo nombra los miembros de la Junta Directiva de la ACP. Esta designa al administrador que tiene la responsabilidad de la ampliación del Canal.
Aunque el gobierno ‘mueve’ los hilos, no controla la política que orienta las decisiones que se toman con relación al Canal. EEUU, principal usuario de la vía, interviene abiertamente tanto militar, diplomática como económicamente.
¿Cuál es la solución? La misma tiene que ser el producto del diálogo entre panameños y la búsqueda de un consenso entre todas sus organizaciones. ¿Tiene sentido aplicar el contrato y romper con el GUPC? ¿Es preferible continuar con este grupo que ya se declaró en quiebra? La respuesta parece obvia para cualquier buen observador.
6 de febrero de 2014.