“La ciudad de los pobres”

La ciudad de los pobres fue el título de un libro publicado por el sociólogo Raúl Leis en 1979. Pocos años después Alvaro Uribe, arquitecto y urbanista, daría a conocer su libro La ciudad fragmentada. Ambos títulos se referían a la ciudad de Panamá, las terribles contradicciones y las desigualdades sociales que la caracterizan. Además, estos autores y otros, presentan los mecanismos mediante los cuales unos pocos especuladores (banqueros, comerciantes y políticos) se organizan para convertir la capital en una “vaca lechera” que da grandes dividendos.

La ciudad de Panamá, ubicada en el distrito del mismo nombre, tiene una población de 600 mil habitantes. Los distritos de Panamá y San Miguelito que forman el área Metropolitana tienen una población que rebasa el millón de habitantes. La ciudad y sus áreas colindantes crecen en el marco de una lógica caótica que sólo se entiende si se observa como los especuladores se hacen millonarios en períodos muy cortos.

Leis lo planteaba en forma muy acertada: Mientras más pobres hay en la ciudad, más oportunidades hay de corromper todas las instancias gubernamentales y acumular enormes fortunas. Uribe era aún más concreto: El crecimiento de la ciudad valoriza las tierras y quienes son dueños de las mismas se convierten en millonarios rapidamente. 

Desde la fundación de la República (1903) la política en torno a la ciudad de Panamá ha tenido como objetivo único enriquecer los grupos que monopolizan las tierras urbanas y controlan las políticas públicas. Quizás la única excepción fue el presidente Belisario Porras (1912-1924) quien urbanizó La Exposición y Bella Vista.

El problema no es reconstruir la historia. Es cierto, hay que denunciar ese pasado corrupto, al servicio de especuladores, en combinación muchas veces con el crimen organizado. Más importante, sin embargo, es aclarar el presente para definir políticas hacia el futuro. En la actualidad, la ciudad de Panamá se encuentra pasando por un período de transformaciones en su infraestructura vial, de servicios y distribución demográfica.

Los 15 kilómetros del nuevo Metro revolucionaron el transporte público en un sector vital de la ciudad. Pronto la segunda línea cubrirá otros 21 kilómetros. Después sigue la Línea 3 con 28 kilómetros más. Sin embargo, el Metro no está diseñado para contribuir a la solución de los problemas estructurales del área metropolitana.

Los estudios se limitaron a la cuestión financiera. ¿Cuánto puede generar esta inversión a corto y mediano plazos? No se planteó la pregunta de ¿cómo podía la inversión de varios miles de millones de dólares resolver los problemas urbanos y, sobre todo, como podía contribuir a mejorar la calidad de vida de los panameños?

La ciudad de Panamá tiene una red vial desordenada y sin aparente solución. Muchos urbanistas dicen que está colapsada. Esto se debe a las políticas corruptas de beneficiar algunos pocos especuladores a costilla de un millón de capitalinos. Las líneas del Metro podrían contribuir a solucionar el desorden, sin embargo, las mismas tienen otra lógica.

Las autoridades anunciaron recientemente que habilitarán el llamado ‘Corredor de los Pobres’ que va de Pedregal (en el este de la ciudad, vecino de Tocumen y su aeropuerto internacional) a Chilibre (camino a la ciudad de Colón), pasando por el norte del populoso distrito de San Miguelito. Con esta válvula de oxígeno se aliviará un poco los problemas de quienes transitan por ese sector. Complementará la Línea del Metro y el Corredor Norte, así como la avenida Domingo Díaz.

Pero el medio millón de habitantes que viven en esa área seguirán sufriendo las consecuencias de una falta total de planificación y orden urbano. Habrá más crimen organizado, inundaciones en la temporada de lluvia, falta de transporte público, de servicios de aseo, de educación, salud y vivienda.

La ciudad de Panamá no cuenta con aceras, avenidas, alumbrado nocturno y, aunque parezca mentira, no tiene un sistema de numeración de casas y edificios. Las autoridades se peguntan ¿para qué? Darle calidad de vida a los ciudadanos asfixia a quienes hacen negocios.

Las autoridades pueden resolver el problema del ordenamiento territorial de la ciudad de Panamá si leen a Leis y Uribe y se preocupan menos de las ofertas deshonestas que están acabando con la capital. Con cinismo hablan de turismo: Hace varias décadas destruyeron las playas sobre el Pacífico. También barrieron con los manglares que drenaban las aguas producidas por las lluvias y ofrecían albergue a una rica biodiversidad.

27 de noviembre de 2014.

“Jornadas que marcaron la ruta”

En el marco del cincuentenario de la gesta heroica del 9 de enero de 1964, la Universidad de Panamá organizó el II Congreso por la Soberanía, en el Paraninfo de la casa de estudios de "Octavio Méndez Pereira", los días 21 y 22 de noviembre. El encuentro fue oportunidad para hacer un balance de los avances realizados por el pueblo panameño con relación a la soberanía nacional. Igualmente, se pasó revista de la situación actual, así como los retos que nos presenta el futuro.

El I Congreso por la Soberanía se realizó en febrero de 1964 en medio del fervor patriótico creado por la gesta del 9 de enero y por el sacrificio de los mártires caídos en el enfrentamiento desigual con las tropas norteamericanas acantonadas en la llamada ‘Zona del Canal’. El primer Congreso, realizado en el Paraninfo de la Universidad de Panamá, reunió a numerosas organizaciones de todo el país bajo la co-presidencia del doctor Jorge Illueca, entonces dirigente del Colegio Nacional de Abogados, y del profesor Víctor Avila, entonces secretario general de la Federación de Estudiantes de Panamá (FEP).

El II Congreso tuvo seis comisiones de trabajo. Abarcó temas de actualidad de gran importancia como el Canal de Panamá, las relaciones entre Panamá y EEUU, la realidad nacional, cultura e identidad nacional, seguridad nacional y los problemas socio-económicos del país. Cada Comisión aceptó ponencias de todos los interesados en presentar sus propuestas. En las sesiones los presentes participaron sus intervenciones. Todas las ponencias guardaron relación con el   segundo Congreso por la Soberanía. La versión escrita de las mismas se extendieron entre 8 y 10 páginas. Se le dio al ponente un máximo de  diez minutos para hacer su exposición. 

En el primer Congreso celebrado en 1964 se aprobaron más de 60 resoluciones. Entre ellas se destacaron la que reclamaba la jurisdicción sobre la Zona del Canal y recomendó que se “denunciara (sin pérdida de tiempo) el convenio del Canal”. También se aprobó una resolución para que Panamá reconociera a todos los países del mundo.

El comité organizador del II Congreso por la Soberanía fue encabezado por el vicerrector de Asuntos Estudiantiles de la Universidad de Panamá, profesor Eldis Barnes. El coordinador académico es el profesor de Historia, Luis Navas P.

Según el profesor Barnes, “el II Congreso es una actividad para la cual la Universidad de Panamá abre sus puertas a todos los sectores sociales del país. Al igual que en el I Congreso celebrado en 1964, se extendieron invitaciones a todas las organizaciones del país y, de igual manera, a todos los individuos que quieren hacer aportes que contribuyan a la consolidación de la soberanía panameña sobre la totalidad de su territorio así como de sus riquezas”.Los participantes que se inscriben recibirán, en forma gratuita, documentos y certificados que acreditan su asistencia.

La primera mesa sobre la Nación y el Canal de Panamá, coordinada por Celestino A. Araúz, contó con ponencias de Abdiel Rodríguez, Guillermo Rolla Pimentel, Pedro Prados y Marco A. Gandásegui. La segunda mesa sobre La soberanía y la seguridad nacional, coordinada por Severino Mejía, contó con ponencias de Daniel Delgado D., Alexander Alleyne y Fernando Murray.

La tercera mesa sobre Cultura e identidad nacional, coordinada por Margarita Vásquez, recibió ponencias de Enrique Illueca, Marcela Camargo, Indira Moreno y Nicolás  Liakópulos.  La cuarta mesa sobre Relaciones entre Panamá y EEUU, coordinada por Denis Chávez, contó con ponencias de Ana Elena Porras, Luis Navas, José Alvaro y Olmedo Beluche.

La quinta mesa sobre La geopolítica mundial y Panamá, coordinada por Azael Carrera, contó con ponencias de Briseida Allard, Enoch Adames, Virgilio Araúz, Ibrahim Asvat y Angel Martínez. La última mesa sobre Realidad nacional, coordinada por Iván Quintero, recibió ponencias de Amelia de Pérez, Juan Jované, Guillermo Castro, Ana Pinilla y José M. Torrijos. 

Según Felix Villarreal, de la Universidad de Panamá, “hace 50 años, el pueblo panameño con conciencia patriótica demostró que luchar contra el imperio más poderoso del mundo por nuestra soberanía, significaría el punto de partida de una nueva época. 

“Hoy, la juventud panameña, frente a los nuevos retos que  demandan soluciones, nos convocan  a un  II Congreso por la Soberanía, para hacer un balance objetivo y necesario, que nos permita certificar si vamos por el camino correcto, luego de aquellas jornadas que marcaron la ruta”.

21 de noviembre de 2014.

¡Los queremos vivos!

La masacre de Iguala no pasa desapercibida. Las grandes cadenas mediáticas bajo el control de EEUU han tratado de silenciar la pesadilla del pueblo mexicano. Ha sido imposible, los padres de los normalistas de Ayotzinapa reclaman a sus 43 hijos: “Los queremos vivos”, gritan. El mundo entero se une a su demanda y a su dolor.

“En el caso de México, la larga noche neoliberal ha dejado un país sumido en la miseria. Azorado por las medidas anti-populares que se han implementado por los distintos gobiernos y ensangrentado por la violencia -tanto estructural como criminal- provocada por una lógica destructiva. El país hermano padece hoy las consecuencias de un proceso socio-económico catastrófico”. Cito a Luis Martínez.

En otro país latinoamericano, Colombia, han sido asesinados en las dos últimas  décadas casi 3,000 sindicalistas, tanto líderes como afiliados de base. Más de 4.5 millones de campesinos han sido despojados de sus tierras y obligados a desplazarse por el Ejército y los grupos paramilitares. Además, más de 9,000 presos políticos se pudren en las cárceles por participar en actividades político-sindicales no-violentas. Además, han sido asesinados decenas de abogados, activistas y defensores de los derechos humanos.

México y Colombia son los dos países con gobiernos más cercanos a EEUU. Siguen las órdenes de Washington sin cuestionar sus consecuencias. Las masacres y abusos cometidos por las ‘autoridades’ son llamados por los funcionarios de la Embajada de EEUU ‘daños colaterales’ de la lucha contra el enemigo declarado: los pueblos.

Bajo el subterfugio falso de la guerra contra las drogas, los gobiernos de México y Colombia – en alianza con EEUU – quieren acabar con el tejido social de esos países y reemplazarlo con otro, hecho a la medida de las políticas neo-liberales.

Según la periodista Karen Méndez, con una frialdad escalofriante, el procurador general de México, anunció que los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, “fueron asesinados, calcinados, triturados y echados a un río en bolsas de basura luego de que policías municipales, siguiendo instrucciones del alcalde Abarca, los entregara al grupo paramilitar Guerreros Unidos para que los desapareciera y así evitar que entorpecieran un acto público de su esposa, Angeles Pinilla”.
Con la misma frialdad han reaccionado las grandes corporaciones mediáticas y los funcionarios de EEUU, que desde hace décadas se han tomado la libertad de criminalizar e intervenir en cualquier país del mundo con la excusa de estar defendiendo los derechos humanos.
Sobre la desaparición forzada de los estudiantes, grandes corporaciones como CNN se han limitado a informar sobre este caso sin ahondar y sin hacer críticas contra un gobierno amigo de la Casa Blanca. Desde 2006 hasta la fecha el gobierno mexicano ha desaparecido a más de 20,000 personas y repartido decenas de fosas comunes a lo largo y ancho de ese país.
Este tratamiento mediático contrasta con el despliegue técnico e informativo que hicieron en Venezuela, cuando el dirigente de la extrema derecha venezolana, Leopoldo López, llamó a toda su militancia a tomar las calles hasta forzar la salida del presidente Nicolás Maduro.

Apenas López hizo su proclama, CNN no perdió tiempo ni escatimó recursos. Dedicó casi toda su programación internacional a Venezuela denunciando, sin pruebas, que el Gobierno arremetía y torturaba a estudiantes indefensos. Además, envió casi de manera inmediata a sus reporteros para acompañar a los manifestantes. Los opositores convocaban a sus marchas y cortes de ruta con acciones violentas diciendo "está garantizada la cobertura en vivo de CNN en Español".
La pauta de CNN se extiende a los medios panameños, donde aún – en el marco de esta coyuntura - se ignora la masacre en México y se destacan las declaraciones de la oposición venezolana, de los empresarios ecuatorianos o racistas bolivianos. Mientras tanto, las Naciones Unidas señala que Venezuela y Uruguay son los países en América latina con los índices de ‘desarrollo humano’ más altos.
En medio de la vorágine el presidente mexicano se fue de viaje. El padre mexicano, Alejandro Solalinde, a su vez, pone sobre el tapete el rol de la Iglesia católica. Aseguró que mientras “México se incendia” el clero mantiene la tradición “conservadora y papista” de rezarle a Dios por lo que corresponde hacer a los hombres. El sacerdote y activista lamentó la falta de respuesta de la Iglesia por las desapariciones de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

¡Los queremos vivos! Es el grito que se alza en todo el mundo.

13 de noviembre de 2014.

No hay reciprocidad bancaria de EEUU

Panamá tiene un centro bancario que fue regulado en 1972. En pocos años, Panamá se convirtió en un gran depósito de dineros provenientes de otros países de la región latinoamericana e, incluso, de EEUU. En 1987, sólo tres lustros más tarde, la banca establecida en Panamá contaba con depósitos que superaban los US$30 mil millones de dólares. Wall Street necesitaba un eslabón en su cadena de operaciones en la región donde se hicieran pocas preguntas sobre el origen de los dineros. No hay que olvidarse que las décadas de 1970 y 1980 fueron politicamente turbulentas con golpes militares en los países del Cono Sur y con insurrecciones populares en Centro América. EEUU – Nixon, Reagan, Bush padre - alimentaba a los dictadores de América latina con fondos provenientes de actividades ilícitas cuyas ganancias tenían que ser ‘lavadas’ de alguna manera.
A fines de la década de 1980 el centro bancario en Panamá se convirtió en un problema para Washington. EEUU decidió reemplazar a Panamá con el nuevo centro bancario creado en la ciudad de Miami. (Donde también mudó al Comando Sur). Las enormes ganancias que ya representaba el tráfico ilegal de drogas – sobre todo la cocaína producida en Colombia – justificaba el traslado. La invasión militar de EEUU contra Panamá en 1989 destruyó el centro bancario cuyos depósitos se redujeron a cerca de 8 mil millones de dólares.
En los últimos 25 años el tráfico de drogas ha prosperado, la banca norteamericana se benefició y los especuladores en Panamá no se quejan. En 2014, el centro bancario panameño reportó que tenía en depósitos un total de 99 mil millones de dólares. A pesar de la ‘gran recesión’, producida por el estallido de las bolsas en 2008, las ganancias han continuado creciendo.
Uno de los efectos negativos de la ‘recesión’ ha sido la redistribución drástica de los ingresos a escala global, especialmente en EEUU. El uno por ciento de la población se apropia de casi el 15 por ciento de la riqueza de ese país. El 10 por ciento es dueña del 60 por ciento de todos los ingresos. Los trabajadores pagan cada vez menos impuestos porque no tienen empleos o sus trabajos son ‘informales’ (precarios). Pero los ricos tampoco pagan porque tienen un sistema bancario que les permite esconder sus ingresos de millones de millones de dólares en ‘paraísos fiscales’ en todo el mundo (especialmente en EEUU).
Para recuperar estos fondos, Washington inició una campaña para identificar a los centros bancarios que protegen a norteamericanos que no pagan sus impuestos. La iniciativa fue acogida por muchos países europeos (especialmente Alemania) que veían la oportunidad de perseguir a sus propios evasores de impuestos. La OCDE se prestó para servir de punta de lanza para acorralar a todos los ‘malos ciudadanos’.
La semana pasada los ministros de Finanzas de 51 países firmaron en Berlín un acuerdo para intercambiar información tributaria automáticamente. El pacto, según el ministro de Finanzas alemán marca supuestamente el fin de la evasión fiscal a través de cuentas bancarias secretas. "La evasión fiscal no es sólo ilegal, es inmoral", sostuvo cínicamente el ministro de Finanzas británico. "Si le robas a tus conciudadanos, deberías ser tratado como un ladrón común", agregó.
EEUU no firmó el acuerdo de Berlín. Panamá tampoco firmó el pacto. Washington no puede firmar el acuerdo de Berlín porque es el paraíso fiscal más grande del mundo. Depositantes con dineros de todos los rincones del mundo llegan al sistema bancario de EEUU y no se les hace una sola pregunta. Arabia Saudita, China, Europa y América latina son las regiones que más depósitos bancarios tienen en EEUU. El origen de esos dineros los conoce Washington gracias a sus aparatos de inteligencia. Sin embargo, no informa a los países de origen sobre las transferencias. Muchas veces, son los mismos gobernantes que hacen los depósitos de fondos mal habidos. 
En el caso de Panamá, Colombia quiso obligar a la banca panameña que informara sobre quienes eran sus ciudadanos con cuentas en el istmo. El gobierno panameño apoyó a los bancos establecidos en Panamá que se negaron. Anteriormente, EEUU le dobló la mano a Panamá logrando que diera la información que su agencia recaudadora pedía. Panamá debe, aplicando una medida de retorsión, exigirle a Washington que le proporcione la lista de todos los panameños que depositan dineros - sacados de este país - en el sistema bancario de EEUU.
6 de noviembre de 2014.