Hay consenso en torno al hecho que si no se conocen las
causas de un fenómeno es imposible analizarlo correctamente, modificarlo o
mejorarlo. En Panamá tenemos el caso de la creciente ola de criminalidad y
violencia que sacude a las ciudades, especialmente la capital. Quienes no
conocen el problema opinan que es necesario reprimir más o aumentar las penas.
También hay quienes dicen que el crimen es el producto de la pérdida de valores
en la sociedad, sin buscar las causas.
Creemos oportuno presentarle al lector cuáles son las causas
de la criminalidad creciente y el caos urbano que crea a su paso. A su vez, qué
debemos hacer para erradicarlo. En primer lugar, hay que aceptar que la
realidad social que caracteriza nuestro entorno es el resultado de las
decisiones, acciones u omisiones que toman quienes gobiernan. Panamá y la
ciudad capital tienen una estructura social que refleja – en mayor o menor
medida – las políticas públicas que aplican los grupos que tienen el poder de
tomar decisiones.
En segundo lugar, si estudiamos los últimos lustros de
nuestra historia se observa que hay una coherencia nefasta entre las políticas
sociales y económicas en el país. Estas políticas han tenido un impacto sobre
el crecimiento económico y, al mismo tiempo, han debilitado las instituciones
sociales que son los pilares de la estabilidad del país. Con relación a la
economía, las cifras arrojan tasas de crecimiento en los sectores especulativos
e improductivos (sector inmueble, banca, juegos de azar, actividades navieras y
transacciones comerciales). Mientras tanto, el sector productivo de la economía
(agropecuario y manufacturero) se estancó y, en muchos años, retrocedió.
El crecimiento especulativo no contribuye al desarrollo del
país y los ‘daños colaterales’ que provoca son terribles. Ha deformado la
estructura de empleo. El 50 por ciento de la población trabajadora es informal.
Es decir, trabaja sin contrato y tampoco tiene acceso a seguridad social
(servicios de salud o jubilación). Según estadísticas del gobierno, sólo el 20
por ciento de los jóvenes se incorporan al trabajo formal, un sector reservado
para los privilegiados.
Sólo los jóvenes privilegiados con oportunidad de trabajo
formal pueden establecer familias íntegras. Como consecuencia, la mayoría de
los jóvenes constituye relaciones ‘familiares’ inestables, sin valores. Cuando se dice que ‘estamos perdiendo
los valores’, las decisiones políticas de los gobernantes son las únicas responsables.
Permitimos que los malos gobernantes hagan caso omiso de las leyes. Incluso, permitimos
el saqueo por parte de legisladores y poder ejecutivo de nuestros recursos.
Ponen en jaque los valores que supuestamente defendemos.
Las comunidades - donde predominan la ausencia de familias
estables - han sido secuestradas por el crimen organizado y las pandillas,
brazos ejecutores de sus delitos. Las instituciones – como las escuelas, las
iglesias, las juntas comunales - han sido penetradas. La corrupción es el
vínculo entre autoridades políticas y crimen organizado. Sin duda, este
‘matrimonio’ genera buenos negocios y las empresas se hacen cómplices. El pago
por favores, por ignorar la ley o por el lavado de dinero se generaliza. En las
transacciones ilícitas se utilizan todos los recursos disponibles, incluso
adolescentes y niños.
Para erradicar el crimen o, por lo menos, para mitigar la
creciente violencia, hay que acabar con la corrupción, comenzando desde arriba
y llegando al peldaño más bajo. Igualmente, hay que pedirle al gobierno de EEUU
que no utilice tácticas ilegales para lograr sus fines políticos en Panamá. La
manipulación política de los negocios relacionados con las drogas han creado un
submundo del crimen que golpea a nuestra juventud: Comunidades secuestradas por
pandillas, fronteras sometidas a un régimen de terror y cárceles llenas de
jóvenes y adolescentes.
En vez de subvencionar con fondos del Estado (provenientes
de nuestros impuestos y de los tributos del Canal de Panamá) las iniciativas
económicas especulativas (importación de alimentos que reemplazan los nuestros,
casinos, playas, represas, minas) hay que invertir en actividades productivas.
La primera meta del gobierno debe ser sembrar en 2015-2016,
un total de 85 mil hectáreas de arroz, duplicar la siembra en ‘tierras altas’ y
generar un plan de desarrollo agrícola para la provincia de Darién. Generaría
150 mil empleos formales. La segunda meta es generar un proceso manufacturero y
agro industrial que crearía otros 250 mil empleos formales.
Como consecuencia, sacaríamos a los adolescentes y jóvenes
de las calles – destruyendo las pandillas – convirtiéndolos en trabajadores
productivos, que formarían familias que transmitirían valores a sus miembros.
25 de septiembre de 2014.
