Tener en cuenta el escenario internacional y manejarlo correctamente es esencial para salir de la crisis provocada por las empresas constructoras del tercer juego de esclusas del Canal de Panamá. Los éxitos panameños en materia interna siempre han tenido como punto de apoyo una política internacional consecuente.
Hay tres lecciones que aprendimos en el siglo XX que lamentablemente hemos olvidado en la actualidad: 1. Nuestra lucha por la soberanía sobre la totalidad de nuestro territorio fue exitosa cuando hicimos nuestra la lucha de todos los pueblos por su soberanía. 2. La lucha de nuestro pueblo por la paz y la neutralidad del Istmo - y de la ruta de tránsito - se coronó con éxito cuando reconocimos que este anhelo es de todos los pueblos del mundo. 3. Igualmente, sabemos que el pueblo que se solidariza con sus homólogos, no importa en que rincón del mundo se encuentre, recibirá a cambio el apoyo internacional en los momentos más importantes.
En la actual crisis creada por los contratistas del GUPC, nos hemos olvidado de estas simples lecciones. La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) acepta - para sentarse a negociar - las condiciones de las empresas del GUPC que sólo están pensando en beneficiarse con ingresos que son el resultado de sus propias especulaciones. Las negociaciones se realizan detrás de puertas herméticas, sin el conocimiento de las organizaciones panameñas y mucho menos con la solidaridad de gobiernos de la región. Esta última solidaridad fluiría ‘naturalmente’ ya que casi todos los gobiernos latinoamericanos han pasado por las mismas experiencias.
La ACP debería convocar todos los días al atardecer a una conferencia de prensa para informar sobre los avances de las llamadas negociaciones con el GUPC. El proceso debería ser abierto y público. Incluso, en el lugar donde se realizan las conversaciones entre las partes debería haber uno o más periodistas escogidos por el ‘pool’ de reporteros que le está dando seguimiento a la crisis.
El gobierno nacional será, en última instancia, la responsable de la debacle – si se produce – de la ampliación del Canal de Panamá. Su política de seguridad y de relaciones internacionales ha promovido la creciente insolencia de las empresas del GUPC. En materia de relaciones exteriores debería estar informando al mundo a través de sus embajadas sobre las pretensiones del GUPC y de los gobiernos europeos que lo apoyan.
La reciente cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC) era el escenario más apropiado para que Panamá presentara el caso de la pretendida maniobra de chantaje en torno a la vía acuática. En esa cumbre estaban presentes 30 jefes de gobierno latinoamericanos con sus equipos de trabajo. Los argentinos plantearon el problema de las Malvinas, los cubanos la ocupación ilegal de Guantánamo, varios gobiernos resaltaron la ausencia involuntaria de Puerto Rico.
El gobierno actual, sin embargo, tiene una política totalmente contraria a la solidaridad latinoamericana. Lo ha manifestado de distintas maneras: Sigue la línea que le ordena Washington. Llegó al extremo de anunciar con exagerada arrogancia que el Presidente ni miembro gubernamental con la investidura apropiada asistiría a la cumbre de la CELAC. Era un favor que le hacía a EEUU que ya había sacado su aparato propagandístico para intentar sabotear la reunión de mandatarios latinoamericanos.
En los momentos en que Panamá más necesita que el mundo entienda en que consiste el chantaje de las empresas del GUPC tenemos una política internacional equivocada. La crisis que enfrenta el país no es sólo culpa del actual gobierno. Desde la invasión militar norteamericana de 1989, la Cancillería panameña y los aparatos de seguridad del país son manejados por la Embajada de EEUU en Panamá. Esta situación parece extenderse a la ACP. El administrador de la empresa pública del Canal – en medio de las negociaciones con el GUPC – recorrió los avances de la construcción del tercer juego de esclusas con el actual embajador de EEUU en Panamá.
No hay transparencia y, como consecuencia, se desvanece la credibilidad y aparece la desconfianza. Los panameños perciben el Canal y su fuente de riqueza como la llave para impulsar un plan de desarrollo nacional. En la actualidad, esta visión no la comparten el gobierno nacional, ni la junta directiva de la ACP ni la Administración. Sus intereses parecen correr paralelas a las agendas del comercio marítimo mundial (que incluyen las grandes navieras). Obviamente, el gobierno nacional define la política que mueve el Canal de Panamá. El Ejecutivo nombra los miembros de la Junta Directiva de la ACP. Esta designa al administrador que tiene la responsabilidad de la ampliación del Canal.
Aunque el gobierno ‘mueve’ los hilos, no controla la política que orienta las decisiones que se toman con relación al Canal. EEUU, principal usuario de la vía, interviene abiertamente tanto militar, diplomática como económicamente.
¿Cuál es la solución? La misma tiene que ser el producto del diálogo entre panameños y la búsqueda de un consenso entre todas sus organizaciones. ¿Tiene sentido aplicar el contrato y romper con el GUPC? ¿Es preferible continuar con este grupo que ya se declaró en quiebra? La respuesta parece obvia para cualquier buen observador.
6 de febrero de 2014.
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