Los subsidios a los sectores de bajos recursos son considerados, en teoría, temporales, para paliar problemas coyunturales. En Panamá esto no ha ocurrido. Se han vuelto permanentes. Los gobiernos manejan en su presupuesto aproximadamente 500 millones de dólares destinados a subsidiar a los sectores de más bajos recursos. Por otro lado, los subsidios gubernamentales a los sectores más ricos suman cerca de los 5 mil millones de dólares. Cerca de diez veces más de lo que reciben los 'pobres'. Los subsidios a los ricos están orientados al sector financiero, inmobiliario, casinos y minería, entre otros.
Los subsidios no tienen como objetivo cambiar las relaciones
sociales y acabar con la pobreza. Más bien, son utilizados políticamente para
alterar las estadísticas oficiales. Un subsidio ‘focalizado’ puede elevar los
niveles de ingreso de un sector social por encima del umbral de la pobreza
(definido estadísticamente). La manipulación de las cifras hace disminuir los
niveles de pobreza pero no alteran la desigualdad y la calidad de vida de los
más pobres.
Los 400 millones de dólares que están en el presupuesto
oficial destinados a los más pobres en Panamá llegan al 60 por ciento de la
población (un poco más de dos millones de personas). Cerca de 200 dólares por
persona. En el caso de los 5 mil millones de dólares que reciben anualmente los
más ricos en forma de subsidios se distribuyen entre el 3 por ciento de la
población (un poco más de cien mil personas). Cerca de 50 mil dólares por
persona.
Los subsidios, en el caso Panamá, es una fórmula que
utilizan los grupos más poderosos que monopolizan el poder político para
generar relaciones 'clientelistas' con los sectores más vulnerables de la
sociedad.
Muchas veces se confunde el término 'populista' con el
paternalismo o el clientelismo. El 'populismo' es una alianza política entre
sectores de la clase propietaria (o una fracción de ese sector social) y la
clase de los trabajadores. Generalmente, se concibe para bloquear las
iniciativas de sectores sociales más conservadores o radicales. En la historia
de Europa, EEUU y América latina estos 'pactos' han sido comunes. La política
de subsidios (clientelismo o paternalismo) en Panamá tiende a ampliar la brecha
entre ricos y pobres. Es decir, crea más desigualdad.
Los gobiernos del pasado más reciente, así como el actual,
no rinden cuentas de sus programas. En la actualidad, hay varios casos de mal
uso de los fondos públicos que las fiscalías están investigando. El más notorio
es el caso del Programa de Ayuda Nacional (PAN) con fondos destinados a
resolver los problemas sociales más agudos del país. Esos recursos fueron desviados
y la justicia estudia ahora mismo en manos de quienes quedaron.
Un ejemplo de subsidio es el dirigido a la educación de la
juventud panameña (la 'beca universal'). Hay que garantizar que todos los niños
panameños reciban una educación integral.
Los subsidios educativos, sin embargo, son poco efectivos porque el país
no tiene un plan nacional de educación.
Los programas de subsidios tienen como destino dos grupos
sociales: los más pobres y los más ricos. Crean dependencia en la medida en que
los más pobres pueden consumir un poco más y se vuelven 'adictos' al programa
que los subsidia. En el caso de los más ricos, estos se organizan politicamente
para que no les quiten los subsidios e, incluso, conspiran para debilitar
gobiernos que ponen en peligro sus subsidios.
Los cálculos del Banco Mundial indican que en los últimos
años bajaron los índices de pobreza en Panamá. Según el gobierno esto se debe a
la distribución de las subsidios en el segmento de la población con menos
recursos. El subsidio le permite a la familia elevarse por encima de la 'línea
de pobreza'. El resultado no deja de ser una ficción creada por el gobierno y
sus aliados en la oposición política. Para que Panamá elimine la pobreza y
disminuya la desigualdad, las políticas tienen que orientar las inversiones (de
nuestras enormes riquezas) hacia áreas productivas de la economía y no
privilegiar las actividades especulativas y cuasi-criminales como los casinos,
el lavado de dinero y la trata de personas.
27
de diciembre de 2014.
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